LÍDERES POLÍTICOS

 

Jesús Belmont Vázquez
Apoyo al sur

*Necesario desarrollo equitativo
*Impulsar una política industrial

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Estadísticas oficiales y del sector privado refieren que las entidades que presentan bajos ingresos per cápita y menor crecimiento y desarrollo económico son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.
De igual forma, señalan que una limitante fundamental del crecimiento económico en estos estados es la falta de activación de emprendedores/empresarios para el impulso a la producción y el empleo.
En otras palabras, dichas economías han sido incapaces de lograr que los empresarios/emprendedores instalen empresas de alto valor agregado o inviertan en la ampliación de la capacidad instalada, empleen nuevas tecnologías, generen nuevos productos y encuentren nuevos mercados.
Esta situación requiere de una instancia federal que disponga de una serie de instrumentos, programas de capacitación y especialización tecnológica, asesoría para la elaboración de los planes de negocio, apoyo para la construcción de infraestructura específica acorde a los proyectos de alto valor, financiamiento a través de un Fondo de Capital de Riesgo público-privado.
Igualmente, garantías a la inversión, asesoría por parte de expertos, incentivos a través de la creación de zonas económicas especiales, recomendaciones para mejorar la legislación, entre otros, orientados a incentivar a los emprendedores/empresarios a crear o fortalecer empresas que generen un alto valor agregado y externalidades positivas.
En estas economías una prioridad estratégica debe ser fomentar actividades no tradicionales que promuevan el crecimiento económico, dando así prioridad a la innovación, al fomento de nuevas ideas y, sobre todo, al establecimiento de una cultura innovadora entre la población.
Al respecto el senador Roberto Albores Gleason consideró que en los últimos años ha existido una amplia retórica en el sentido de apoyar a la región sur-sureste de México y a los estados con bajos ingresos per cápita y alto rezago.
Sin embargo, dijo el legislador priista, esto no se ha traducido en una política industrial eficaz que acelere el crecimiento de la región y mejore la calidad de vida de la gente.
El legislador nos comentó que en México sí ha habido una política industrial, pero ésta ha beneficiado sólo a regiones y sectores en específico. “El Tratado de Libre Comercio con América del Norte es un ejemplo”, indicó.
“México es un país donde sus regiones registran grandes disparidades”, señaló Albores.
“Sin duda -agregó- este es uno de los grandes retos de nuestra nación: no sólo acelerar el crecimiento sino también propiciar un desarrollo más equitativo.
“Un país democrático, justo y solidario no puede ser omiso en sus disparidades regionales”, dijo el senador Albores Gleason.
Ante este panorama, sostuvo que se debe impulsar la instalación de industrias y empresas de alto valor para lograr la transformación económica de la región sur de México, en donde Chiapas y las entidades vecinos sean capaces de afrontar su situación de pobreza y falta de oportunidades con proyectos que generen empleos de calidad y mejoren la calidad de vida de la gente.
Caso Acteal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de 15 indígenas que fueron acusados falsamente por la Procuraduría General de la República de participar en la masacre de Acteal en 1997.
Los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal del país concluyeron que los indígenas son inocentes, además de que se violaron sus derechos constitucionales, entre ellos el de un debido proceso.
La PGR integró la averiguación previa con pruebas falsas, concluyó la Suprema Corte.
Tribuna.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara baja, solicitará al Consejo General del IFE y a su contralor, informes sobre la compra en el 2009 de un edificio cuyo costo fue de 262 millones de pesos. La información permitirá a los Diputados actuar con precisión y claridad, respecto a las presuntas irregularidades en esa adquisición, ya que la naturaleza de este órgano legislativo es darle transparencia al dinero público. Y es que el contralor general del instituto, Gregorio Guerrero, dijo en un informe que existió un primer avalúo que fijaba su valor en 118 millones de pesos y que hubo al final de cuentas un daño patrimonial por 124 millones. De estas anomalías responsabilizó a Fernando Santos Madrigal, ex director ejecutivo de Administración del Instituto.
Jesus_belmont@yahoo.com.mx

 


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