Testigos Protegidos

 

La Procuraduría General de la Republica gasta mensualmente en promedio tres millones de pesos en renta de casas, autos, comida, protección y remuneración a testigos protegidos.
De acuerdo con un informe de la SIEDO, actualmente su programa de testigos protegidos -que ya rebasa los trescientos sujetos-, reciben cada uno de estos delincuentes confesos de 20 a 50 mil pesos mensuales, además de la renta de las casas o departamentos donde viven, así como apoyos para comida y los viáticos que reciben algunos de los Policías Ministeriales Federales encargados de su protección y la de su familia.
A este programa de testigos protegidos busca ingresar Edgar Valdez Villarreal “la Barbie”, detenido hace un año en el Estado de México, entre las cosas que pide, es que sea enviado a los Estados Unidos de donde es originario.
De acuerdo con algunos especialistas, penalistas y líderes de algunas ONGs como el Instituto Ciudadano contra la Inseguridad y el Consejo Ciudadano, han señalado que los sicarios, secuestradores y narcotraficantes han encontrado en este programa de la Procuraduría General de la Republica “incentivos perversos “para no ser castigados por sus delitos y por el contrario, resultan hasta premiados.
Para ser parte del mismo, debe ser un delincuente confeso y sobre todo que esté demostrado claramente que formó parte de alguna organización delictiva o haber participado en un hecho delictivo.
El Ministerio Público Federal que esté llevando la investigación en donde se relacione a un delincuente que acepte entrar al programa de testigo protegido, es el encargado de brindarle todos los beneficios, y se les llama “ Padrino”, este servidor público ahora será el responsable de la seguridad, integridad y el pago del “testigo”, quien en las hojas de las declaraciones ya no aparecerá su nombre sino un alias como “Felipe, Lucia, Javier, o Mateo” este último es uno de los testigos estelares de la PGR encabezada por Marisela Morales, se trata de Sergio Villarreal Barragán “el Grande”, detenido en Puebla por la Secretaría de Marina el 12 de septiembre.
Durante los gobiernos panistas, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo a 609 testigos protegidos colaboradores, que son integrantes o exintegrantes de bandas criminales y por cuyas acusaciones se han iniciado procesos que al final no se pueden sostener en tribunales, como el Michoacanazo, la Operación Limpieza, la indagatoria contra Greg Sánchez o el caso de los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe.
Los testimonios de ocho colaboradores protegidos han sustentado al menos siete indagatorias que han resultado fallidas o siguen en proceso. El caso más reciente es el de los generales Dauahare y Dawe, sobre el cual la PGR reconoció que le faltan pruebas que sostengan las acusaciones de su testigo protegido cuyo nombre clave es “Jennifer”.
En el caso de los generales, el colaborador protegido fue Roberto López Nájera, quien los ligó con el cártel de los Beltrán Leyva. “Jennifer” ha sido testigo clave en otros casos relevantes para la Procuraduría. Uno de ellos es el “Michoacanazo”, en el que se ligó a 35 funcionarios de Michoacán con el crimen organizado; aunque fueron detenidos, todos han salido libres.
También testificó contra el excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, y el comisionado Víctor Garay Cadena, a quienes vinculó con el crimen organizado. Ambos exfuncionarios fueron absueltos.
López Nájera se convirtió en testigo protegido en 2008, luego de que su hermano fue asesinado por su jefe, Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, de acuerdo con una nota de Reforma del 6 de agosto de 2012.
En la sentencia en la que se absuelve a Noé Ramírez se relata la versión falsa que tuvo al exfiscal más de cuatro años en la cárcel después de ser arrestado en 2008. “Jennifer” dijo que él era el intermediario entre el narco “La Barbie”, y Ramírez. El testigo protegido afirmó que estuvo en reuniones en restaurantes en las que a Ramírez le entregaban el soborno mensual por el que, según su versión, el Fiscal antidrogas le pasaba información secreta a los criminales. Incluso dio detalles precisos de la escena: “Le entregaron en una bolsa grande de color negro con la leyenda Hugo Boss la cantidad de 450.000 dólares en efectivo, en billetes de cien”. Al final los datos del testigo se derrumbaron con las pruebas que presentó Ramírez. Por ejemplo: “Jennifer” dijo que el exfiscal había recibido un pago el 10 de septiembre de 2007 a las tres de la tarde en un restaurante de México DF., Ramírez demostró con su pasaporte y con testigos presenciales que ese día a esa hora estaba en una reunión oficial en Las Vegas.
También vinculó al general Tomás Ángeles con Édgar Valdez Villarreal. Según explica el abogado de Ángeles, Ricardo Sánchez, “La Barbie” le dijo en prisión a la propia fiscalía que él no conocía de nada al general. Finalmente la justica no ha encontrado ninguna prueba del supuesto nexo de Ángeles con el crimen organizado. Sin embargo el General ha estado preso once meses. Ricardo Sánchez afirma que la fiscalía mexicana le dio tanto crédito a la información de “Jéniffer” como si se tratara de “un notario”. Él dice que la Procuraduría no se preocupó de corroborar la información: “La usaron sin escrúpulos”, dice el abogado del General.
Otro exfiscal antidrogas mexicano, Samuel González, hoy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que la Fiscalía instrumentalizó los testimonios de “Jennifer”. “No verificaban lo que decía porque usaban su información con fines políticos”, dice González. El encarcelamiento de Noé Ramírez fue la bandera de la Operación Limpieza, una iniciativa del Gobierno de Calderón ejecutada a través de la Procuraduría para erradicar a funcionarios vinculados al narco.
Los testigos de la PGR
Entre los colaboradores protegidos por la PGR se encuentran Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, cuya clave es “Mateo”; José Jorge Balderas, “El JJ”, con clave “Némesis”; José Luis Vázquez Sánchez, clave “Paco”; y Édgar Enrique Bayardo del Villar, con clave “Tigre”.
Pero el testigo que más ha servido a la dependencia es José Salvador Puga Quintanilla, clave “Pitufo”, quien ha testificado en siete casos: el Michoacanazo, el caso del exgobernador Yarrington, la indagatoria contra el candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Greg Sánchez, la Operación Limpieza, las acusaciones contra Herrera Valles y Garay Cadena y contra los generales.
A excepción del caso de Yarrington, en todas las demás indagatorias los implicados han sido absueltos o han alcanzado su libertad.
Otros testigos que hicieron imputaciones en esos casos son Richar Arroyo Guízar o Richar Flores Quintanilla, clave “María Fernanda” y Bryant Cabrera Castillo, clave “Zajed”, quien se encuentra desaparecido.
La PGR gastó más de 178 mdp en testigos protegidos durante dos sexenios
En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012), las autoridades mexicanas destinaron 178 millones 261,493 pesos para cubrir “gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores”, de acuerdo con un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La información revelada por la Procuraduría responde a una solicitud que presentó un particular a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
El pleno del Instituto pidió desglosar el gasto año por año, por lo cual la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) especificó el monto económico que se asignó.
La cifra más alta corresponde a 2012 -el último año del sexenio de Felipe Calderón-, con un gasto de 22 millones 169,096 pesos, de acuerdo con el comunicado del IFAI. Un total de 379 personas se acogieron a la figura de “testigos colaboradores”, durante su administración (2006-2012).
En total, durante el sexenio de Vicente Fox (de 2001 a 2006), el gasto fue de 74 millones, 530,875 pesos. Y en el de Calderón, de 2007 a 2012, la cifra aumentó a 101 millones, 333, 991 pesos. Eso representa un aumento del 27%.
Las autoridades registraron 614 testigos “colaboradores y/o protegidos” de 2000 a 2012, periodo que corresponde a los años en que gobernó en México el Partido Acción Nacional (PAN). Desde el 1 de diciembre pasado, gobierna Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Revisará PGR si mantiene algunos testigos protegidos
La Procuraduría General de la República (PGR) revisará la permanencia de quienes integran su programa de testigos protegidos, y para ello analiza si las declaraciones realizadas ante el Ministerio Público y jueces federales han sido verídicas y útiles en los procedimientos penales; en caso contrario, se les dará de baja, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.
Los funcionarios consultados señalaron que desde enero, tras ser anuladas las declaraciones de algunos testigos protegidos en el caso de seis militares acusados de apoyar actividades del narcotráfico, la PGR decidió analizar cada una de las imputaciones vertidas para depurar el programa.
Desde enero de este año, el procurador Jesús Murillo Karam ordenó que se revisaran las investigaciones iniciadas a partir de declaraciones de testigos protegidos, y su efectividad en los procedimientos penales, para depurar el programa en el cual la dependencia paga custodia, alimentación, vivienda para ellos y sus familias, y una compensación que hasta noviembre de 2012 era de 80 mil pesos al mes, indicaron funcionarios entrevistados.(agencias)

Publicado: 15, mayo, 2013

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