OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

Fraude en Viviendas

+En el ilícito están personal del Registro Público de la Propiedad, Notarios Públicos, promotores de ventas, hipotecarias e inmobiliarias.
+Urge que PGJE ejercite acción penal en contra de “paracaidistas” de predios gravados; también de constructores y vendedores fraudulentos.

El engaño a las familias necesitadas de una vivienda en esta ciudad continúa a “tambor batiente”, pero ahora con documentos “oficiales” falsos.
La regla, al parecer, en los vendedores, o empresas constructoras, inmobiliarias e hipotecarias, es el fraude en la edificación y adjudicación.
Se ha dicho que por la corrupción en las dependencias que tienen que ver con los permisos de construcción (Secretarías de Infraestructura, Obras Públicas o Desarrollo Urbano) el fraude a las familias compradoras es más constante.
Pero en ese delito y otros más en los que incurren los vendedores (personas físicas o morales como son las empresas) de casas, se encuentran inmiscuidos personal de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, que es la otorgante de las certificados de libertad o gravamen, y que en muchos casos los lotes o viviendas se encuentran gravadas por adeudos.
Ahí es donde interviene personal de algunas Notarías Públicas o algunos deshonestos titulares de esas oficinas, sobre todo de Tuxtla Gutiérrez o de municipios fuera de Tapachula, que dan fe y escriturizan la compra-venta.
En esta ciudad existen sinnúmeros de quejas de venta fraudulentas de viviendas, pero la PGJE por negligencia y omisión (¿comisión?) no ha sometido al ejercicio de la acción penal a los responsables del fraude a familias.
En los cuatro puntos cardinales de Tapachula se observan miles de viviendas en “obra negra”, por el engaño de fraudulentos empresarios.
Otros más se han apropiado ilícita e ilegalmente de los predios, con documentación apócrifa, y vendido los lotes y hasta las viviendas.
Pocas víctimas denuncian ante el Ministerio Público los delitos de que fueron objetos por parte del constructor o vendedor, así como del “paracaidista”.
Según reportes, la Procuraduría Federal del Consumidor recepcionó en años anteriores medio centenar de denuncias, de igual número de familias, que acreditaron haber sido defraudadas por el vendedor de lotes o viviendas.
El urgente deseo por dejar de pagar las estratosféricas rentas de casas o cuartos, hacen que las personas caigan en el engañoso “canto de sirenas” de las empresas inmobiliarias (o personas físicas) e hipotecarias en venta de viviendas.
En algunos casos el fraude es porque las viviendas carecían de puertas, ventanas y de servicios, además de filtración de agua por los techos.
Muchas viviendas vendidas con documentos falsos, se ubican en fraccionamientos que carecen de urbanización.
Les hace falta banquetas, además de calles asfaltadas, adoquinadas o pavimentadas, de un drenaje con suficiente capacidad para el número de casas.
Los desperfectos de las viviendas van de arriba abajo y a los cuatro costados, pero eso es lo de menos cuando no tienen la certeza jurídica de su patrimonio o propiedad porque fueron engañados por los vendedores.
Sería deshonesto decir que autoridades no han regularizado muchos de los asentamientos para los servicios básicos, y en otros casos, de escritura, pero en los fraccionamientos de interés medio, él o los vendedores de lotes no han sido penalizados por el fraude perpetrado o uso de documentos falsos.
Si bien la PGJE debe actuar por denuncia ante el delito de fraude en sus distintas modalidades, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor sí está facultada para accionar en contra de los defraudadores del consumidor, y en esta ciudad existen varios truhanes en ese “rubro”, ¿no cree usted?.

Esta nota fue publicada el día: 25, noviembre, 2016



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