Empresarios Demandan Ante Tribunales a la CNTE por Daños Económicos y Materiales

 

Empresarios Demandan Ante Tribunales a la CNTE por Daños Económicos y Materiales

Empresarios Demandan Ante Tribunales a la CNTE por Daños Económicos y Materiales

Firman 670 mil empresas adheridas a 254 cámaras
Otros 36 mil empresarios de la Coparmex también se amparan
En Tapachula unos 200 empresarios acuden los tribunales

Tapachula, Chiapas; 18 de agosto.- Ante las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos, movilizaciones y otras acciones emprendidas en los últimos 90 días por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y por la omisión de las autoridades, la Confederación de las Cámaras de Comercio en la República Mexicana interpuso en las últimas horas, una demanda de amparo para salvaguardar los derechos humanos de los empresarios y ciudadanos.
El documento, presentado en el Poder Judicial de la Federación, fue firmado por alrededor de 670 mil empresas adheridas a 254 Cámaras, incluyendo todas las de Chiapas.
Carlos Murillo Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVYTUR) en Tapachula, dijo que los empresarios fueron convocados por sus líderes gremiales para acordar las acciones a seguir y una de ellas fue la de acudir a los tribunales.
El amparo nacional fue presentado el miércoles y, un día después, las Cámaras en cada región del país hicieron algo similar ante el Poder Judicial de la Federación.
En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, comentó que de acuerdo a los balances de esta semana, los daños económicos a nivel nacional, sobre todo en los Estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ascienden hasta ahora a unos 4 mil millones de pesos.
En Chiapas, indicó, las mayores afectaciones se reportan en unas 460 empresas debidamente establecidas en la capital, Tuxtla Gutiérrez, en donde se calcula una pérdida económica de alrededor de 1.4 millones de pesos diarios, “aunque los daños son en todos los sectores del Estado”.
Dejó en claro que el magisterio puede constitucionalmente exigir sus derechos y proteger sus intereses, “pero en el momento que tocan a terceras personas es cuando están cometiendo un delito, en éste caso, es en perjuicio del resto de la sociedad”.
En el caso de Tapachula, dio a conocer que son alrededor de 200 empresarios agremiados a ese organismo los que están acudiendo ante los tribunales para interponer su denuncia.
¿Por qué se le Denuncia a la CNTE?
En este proceso judicial de índole nacional, la Concanaco reclama la acción de la justicia en contra de la CNTE por impedir el libre tránsito de los comerciantes, prestadores de servicios y turismo que conforman los sectores demandantes, “derivado del bloqueo, secuestros y toma ilegal de vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas y vías principales en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán”.
Asimismo, el despojo de diversos bienes de propiedad de los comerciantes, prestadores de servicios y turismo, en los lugares donde se ha manifestado la Coordinadora.
El desabasto ocasionado en insumos básicos para el desarrollo integral de los comercios, actividades de servicios y turismo, derivado de diversos bloqueos ilegales a vías de comunicación.
La toma ilegal de instalaciones, cierre de comercios, centros comerciales y empresas en esos cuatro Estados, donde se obstaculiza el acceso a la sociedad en general.
El impedir que los comerciantes y prestadores de servicios y de turismo, ejerzan de manera libre y plena sus actividades profesionales en beneficio de la sociedad.
La afectación a la inversión por cuanto hace el comercio, servicios y turismo; la violación a los derechos de la salud, educación y alimentación, “pues ante los bloqueos, se han disminuido los servicios básicos para dar la atención debida a fin de atender dichas prioridades de la sociedad”.
La violación al derecho de propiedad, dado que a raíz de las manifestaciones, cierres, bloqueos, y actos realizados, se han visto dañadas materialmente algunas propiedades de los comerciantes del país.
El Reclamo a la SEGOB.
El amparo también va dirigido a la Secretaría de Gobernación, a quien los empresarios reclaman la omisión de garantizar la libertad de tránsito en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, en términos del artículo 27 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Así también, la omisión de mantener el orden en las vías federales en esos Estados, en términos de lo dispuesto en el artículo 4, inciso B, fracción III y IV del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Noviembre de 2012.
Eso en relación con lo establecido en el artículo 27, fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Quinto transitorio, segundo párrafo del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de esa ley, publicado el 2 de Enero del 2013.
El Silencio de la Policía Federal y la SCT.
En la denuncia penal, los empresarios incluyen al Comisionado General de Policía Federal, por la omisión de mantener el orden en las vías federales en esos cuatro Estados.
Además, por no realizar las acciones necesarias para dar fluidez o pronto restablecimiento al tránsito vehicular en las vías federales.
Mientras que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la omisión de aplicar las disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal, para garantizar la seguridad pública y la fluidez vehicular en las vías federales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 19, agosto, 2016



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