Auditorias Detectan Desvío de Recursos al Exgobernador de Colima

Auditorias Detectan Desvío de Recursos al Exgobernador de Colima

Auditorias Detectan Desvío de Recursos al Exgobernador de Colima

* Revelan Desfalco de mil 867 Mdp.
El exmandatario podría ser inhabilitado nueve años.

Colima, Colima.- Desvío de recursos por mil 867 millones de pesos, pago de nómina no presupuestada, infraestructura y obra pública no real ni ejecutada, registros contables falsos, gastos injustificados y desaparición de combustibles donados por Pemex al gobierno estatal, son algunos de los hallazgos de la auditoría excepcional practicada a la administración de Mario Anguiano Moreno, sobre el periodo fiscal del 1 de enero de 2013 al 30 de agosto de 2015.
El informe especial del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig), entregado por su titular, Carlos Armando Zamora González, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local, propone castigar al exgobernador y a la mayoría de sus excolaboradores con sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta la inhabilitación para ocupar puestos públicos, además de resarcir recursos económicos por daños causados al erario.
En sus conclusiones, el auditor superior del estado refiere que la cantidad de recursos desviados “representa un déficit presupuestal no registrado en cuenta pública, determinándose la simulación de registros contables para el ocultamiento del pago de nómina no presupuestada, incrementando indebidamente con las reclasificaciones observadas, conceptos de infraestructura y obra pública que no fue real ni ejecutada”.
El documento, de 155 páginas más anexos, establece que con las pruebas obtenidas el Osafig acredita que en el ejercicio fiscal 2013 el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima gastó 920.2 millones de pesos por pago de nómina por encima del presupuesto modificado, además de que “ocultó y falseó información contable, al realizar reclasificaciones de conceptos de gasto de servicios personales al capítulo de inversión pública, por el importe de 669 millones 256 mil 211 pesos y 138 millones 116 mil 796 pesos”.
Las cifras anteriores fueron reclasificadas a Edificaciones Habitacionales en Bienes de Dominio Público y Construcción de Vías de Comunicación Estatal en Proceso, de los cuales se acreditó que 82 millones 060 mil 666 pesos corresponde a nómina.
Por lo tanto, “aunado a la falsedad de la información contable en servicios personales se acreditó que la reclasificación de los importes a Inversión Pública; Edificaciones Habitacionales en Bienes de Dominio Público y Construcción de Vías de Comunicación Estatal en Proceso, obras que no fueron reales y que por consecuencia nunca se ejecutaron, con lo que se pretendió disminuir el gasto en el rubro de Servicios Personales e incrementarlo en el rubro destinado a obra pública”.
Ante estos hallazgos, el Osafig consideró necesario determinar la presunta responsabilidad administrativa sancionatoria y proponer la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio del cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, independientemente si causaron daños o perjuicios a la hacienda pública.
Para el exgobernador Mario Anguiano propuso una inhabilitación por 9 años para desempeñar puestos públicos “por distraer los caudales públicos a su objeto público destinado y realizar gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado”.
En tanto, para los exsecretarios de Finanzas y Administración que fungieron en ese periodo, Jesús Orozco Alfaro, Clemente Mendoza Martínez y Blanca Isabel Ávalos Fernández, la sugerencia de sanción fue de tres años de inhabilitación para ocupar puestos públicos, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de sus atribuciones correspondientes a su cargo, además de no autorizar las modificaciones presupuestales que requieran las dependencias y entidades de la administración pública.
Seis funcionarios medios de la Secretaría de Finanzas y Administración también fueron responsabilizados de las anomalías y se recomendó inhabilitación por un año.
Por otra parte, no se remitió la comprobación de los expedientes de obra donde se acredite plenamente que el concepto del uso del asfalto donado.
Por lo tanto, por este caso propuso sancionar al exgobernador Mario Anguiano con inhabilitación para desempeñar puestos públicos por 14 años, por la generación de actos y omisiones en la vigilancia de la recepción, custodia, administración y aplicación de las donaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), de Asfalto AC-20, gasolina, y diésel, para obras y suministro del parque vehicular y maquinaria de administración pública estatal; así como una sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos.
Por su parte, para el exgobernador Mario Anguiano sugirió una sanción económica resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, equivalentes a los daños y perjuicios, por omitir la vigilancia en la comprobación de gastos correspondientes al fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, quienes “ocasionaron su ejercicio indebido, al efectuar gastos no permitidos en el reglamento respectivo y en las Reglas para la Racionalización del Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2013 y Reglas de Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para el 2014”. Proceso

Esta nota fue publicada el día: 23, octubre, 2016



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