* SEÑALAN QUE FUNCIONARIOS PÚBLICOS ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL TRANSPORTE IRREGULAR.
* VIVIACES PRETENDEN VENDER CONCESIONES APÓCRIFAS EN LAS RUTAS RURALES.
Tapachula, Chiapas; 2 de junio.- Poco más de mil concesionarios del transporte de Tapachula y de municipios aledaños, solicitaron éste viernes al gobernador, Manuel Velasco Coello, frenar la corrupción, la impunidad y el pirataje, que en los últimos dos años aseguran se ha desbordado en ese sector en la Entidad.
En una asamblea regional sostenida en un salón al sur de la ciudad, lamentaron que en esas irregularidades, supuestamente están participando funcionarios, y que eso está ocasionando desestabilización social, enfrentamientos y hechos de sangre en varias regiones del Estado.
Expresaron públicamente que vivales, en contubernio con algunos servidores públicos, están ofreciendo la comercialización de concesiones e inundando a Chiapas de vehículos para el transporte de carga y pasaje, sin contar con la documentación que marca la ley.
En el acto, en el que estuvo presente el subsecretario de Gobierno en la región, Alfredo Lugardo López, además de los representantes de varias dependencias de las tres instancias de Gobierno, los transportistas pidieron que se hagan acciones a fondo, antes de que sea demasiado tarde.
Por ello y ante el notario, Emanuel Nivón González, los más de mil concesionarios firmaron un documento dirigido al gobernador, donde expresan esas y otras irregularidades.
Indicaron que se ha comentado de un posible concesionamiento en todo el Estado, “lo cual consideramos que no es prudente porque no existen las condiciones, ni el tiempo adecuado para poder llevarse a cabo, ya que no hay estudios de factibilidad de cada municipio”
Así también, que no ha sido presentado ningún listado para transparentar a los posibles órganos técnicos municipales, ni estatales, y otros procedimientos que marca la ley del transporte, por lo cual vendría a crear una serie de problemas legales y sociales.
En el documento señalan que es oportuno y necesario regularizar el transporte existente, ya que hoy en día existen cerca de 3 mil o más concesiones que han sido cedidas a terceros y están en espera de poder ser regularizadas.
Ese procedimiento se hace mediante un decreto y no es más que un acto administrativo que no altera el parque vehicular, y con ello se otorga una certeza jurídica al legitimo poseedor y se transparenta el padrón de concesionados.
Pidieron combatir los amparos amañados que aseguran se vienen dando en algunos municipios, y para ejemplo pusieron a Tapachula, en donde a la fecha hay tres casos.
El primero de esos amparos, el 1168/2016 favorece a 28 unidades, el segundo, marcado con el folio 2319/2016, con 73 vehículos; y un tercero, el 145/2017, con 34.
Curiosamente, esos 135 vehículos sin concesión, pretenden meterlos a las de por si congestionadas rutas rurales de la zona alta de Tapachula.
Señalaron que quien encabeza y dirige a esas personas es Joaquín Morales Díaz, “quien bajo engaños y promesas les ofrece a todo tipo de gente que obtendrán una concesión bajo el amparo y esto ha traído problemas con diversos ejidos”.
En la misiva hacen mención que en esas artimañas de ley, hay personas que cuentan con concesiones de transporte, “pero por la ambición y el negocio que eso representa, se han dedicado a negociar amparos, por lo que le pedimos todo el peso de la ley y revocación de aquel que se encuentre incluido, ya que afectan a todo el gobierno y al sector transporte”.
En la asamblea, que se prolongó por espacio de varias horas, pidieron la revisión de los documentos que emplean los moto-taxis existentes para prestar el servicio, y retirar los que operan de manera irregular.
Asimismo, regularizar -y en su caso concesionar- el parque vehicular existente de camiones de carga en su modalidad de volteos, registrados en el padrón 2009, y que esa misma estrategia se realice con los de alto y bajo tonelaje, ya que con ello se creará la certeza jurídica de sus propietarios.
Respaldados por choferes de unas dos mil unidades, entre taxis, colectivas y particulares que se apostaron a lo largo del Par Vial, al sur de la ciudad, dijeron que la intención es evitar la desestabilización que están generando algunos funcionarios y seudolíderes, y que por ello optaron por no bloquear carreteras ni tampoco calles.
En el documento, que firmó de recibido el subsecretario, se exige de manera prioritaria que se ponga en marcha un programa permanente de combate frontal al pirataje, pero apoyados con elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, la Policía Municipal, así como la de Tránsito.
Esto para que se giren las instrucciones a todas las dependencias , se sancione y detenga a todo aquel vehículo irregular, pero de manera permanente y no solo cuando exista un problema.
Paralelamente, que se implemente un operativo especial en contra de los vehículos particulares que prestan el servicio irregular como si fueran taxis y turísticos en todo el Estado, “los cuales en la zona Costa, Sierra y Frontera circulan cerca de 300 de ellos”.
Esos carros, indicaron, se han visto inmiscuidos en fatales accidentes, como el ocurrido hace apenas unos días -el 29 de mayo-. en el que fallecieron tres personas y el conductor se dio a la fuga; además de que han sido detenidos llevando drogas o personas extranjeras indocumentadas.
En ese evento, algunos transportistas señalaron que en el interior de la Secretaría del Transporte se están llevando a cabo infinidad de actos de corrupción, igual o peor de las que ocurrieron en los dos sexenios pasados.
Por ello consideraron que se debe realizar una profunda investigación para que se sancione a quienes resulten responsables, “porque, de no hacerlo, podrían manchar de corrupción al resto de la administración”.
Algunos propusieron realizar grupos de choque para detener ellos mismos a los “piratas” y evidenciar que los servidores públicos están solapando esas irregularidades por algún tipo de acuerdo “bajo la mesa”, pero la propuesta fue desechada, al menos por ahora.
Otros opinaron que se podrían colocar cadenas en las carreteras y caminos rurales, para que transiten solamente los que estén dentro del marco de la ley, pero tampoco se aceptó porque irremediablemente ocasionaría enfrentamientos.
Se acordó dar un plazo de 15 días para recibir respuestas a sus peticiones, y que una vez concluido ese periodo, volverán a realizar otra asamblea regional para determinar las acciones a seguir.
La reunión se llevó a cabo sin incidentes y al finalizar, todos volvieron a sus servicios normales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
