LAS APARIENCIAS CUENTAN.

Luis Videgaray no debió comprar la casa como la compró, no porque la operación sea ilegal o porque constituya un conflicto de interés, sino porque debilita la confianza de la población en su Gobierno.

Luis Videgaray no debió comprar la casa como la compró, no porque la operación sea ilegal o porque constituya un conflicto de interés, sino porque debilita la confianza de la población en su Gobierno.

Las Apariencias Cuentan

Alejandro Hope

La confianza en las instituciones públicas es un bien precioso. Facilita el cobro de impuestos y promueve el cumplimiento de la ley. También, hace posible una multiplicidad de transacciones económicas y permite invertir para el largo plazo. Es a un tiempo palanca de desarrollo e instrumento de gobernabilidad.
Pero la confianza es un objeto frágil. Puede destruirse en días con el simple aroma del escándalo. La demolición no requiere un acto probado de corrupción o ilegalidad. Basta con el surgimiento de sospechas de deshonestidad.
Por esos motivos, en múltiples países, la ley de combate a la corrupción está complementada con códigos de ética para servidores públicos, que advierten no sólo contra actos abiertamente ilegales o deshonestos, sino también contra conductas que pudieran generar dudas sobre la integridad de funcionarios o instituciones. Dicho de otra manera, el servidor público no sólo debe ser honesto: también debe parecerlo.
El principio es sin duda resbaloso: para una mente suspicaz, todo genera sospecha. Sin embargo, para resolver ese problema, diversos Gobiernos han adoptado la llamada regla de la persona razonable. De acuerdo con ese criterio, si una persona razonable, dotada de la información pertinente, pudiera tener dudas sobre la honorabilidad de un acto, el funcionario debe abstenerse de realizarlo, así sea legal.
En días pasados, se reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le compró una casa de campo a una subsidiaria de Grupo Higa, mismo contratista que construyó y financió la llamada “casa blanca”. Hasta donde se sabe, no hay ilegalidad en el origen de los recursos: con alta probabilidad, Videragay tenía ahorros legítimos más que suficientes para adquirir un inmueble de 7.5 millones de pesos.
¿Existió un conflicto de interés, real o potencial? En una interpretación formalista de la ley, tal vez no. Podría alegar (como ya lo ha hecho) que él no estaba ni está directamente involucrado en la asignación de contratos del Gobierno.
Pero la transacción no pasaría la prueba de la persona razonable. Consideremos algunos hechos. En octubre de 2012, Videgaray deseaba adquirir una casa. Posiblemente, prefería no realizar la operación de contado. Al ser un personaje público, tal vez no le fuese sencillo obtener una hipoteca bancaria normal. Tenía por tanto diversas alternativas: 1) posponer la adquisición, 2) pagar la propiedad en una sola exhibición (tal como acabó decidiendo 14 meses después), 3) buscar otra casa, de alguna otra inmobiliaria que ofreciera financiamiento, y 4) adquirir la casa con el financiamiento que le ofrecía Higa. Optó por lo último.
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, de todos los cursos de acción posibles, escogió el único que lo dejaba políticamente expuesto? Se trata de un hombre inteligente y experimentado ¿No calculó las consecuencias de que la transacción saliera a la luz pública? En esas circunstancias, una persona razonable podría preguntar si se trata solamente de un error de juicio o si hay algo más.
Dado eso, no debió de comprar la casa como la compró, no porque la operación sea ilegal o porque constituya un conflicto de interés. No debió hacerlo porque significa faltar a una responsabilidad básica de un funcionario: no socavar la confianza de la población en su Gobierno.
Lo mismo vale para la casa blanca. En ambos casos, el pecado no fue comprar casas millonarias o recibir financiamiento de una constructora. Fue poner en riesgo un activo irremplazable del Estado: la legitimidad de las instituciones. Eso sí es imperdonable. (Sun)
@ahope71

Esta nota fue publicada el día: 16, diciembre, 2014



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