¿Quién Supervisa la Rehabilitación del Tramo Carretero Jaritas-Ciudad Hidalgo?
Ernesto L. Quinteros
Las obras públicas suelen anunciarse como sinónimo de progreso, inversión y bienestar. Y, en efecto, cuando una carretera permanece deteriorada durante años, cualquier proyecto de rehabilitación representa una esperanza para quienes diariamente tienen que transitarla. Pero esa expectativa puede convertirse rápidamente en preocupación cuando los trabajos comienzan a mostrar señales que generan dudas sobre su calidad.
Ese es el caso del tramo Jaritas-Ciudad Hidalgo, una vía de aproximadamente 21 kilómetros que representa un corredor estratégico para la movilidad de habitantes de diversas comunidades de la zona baja de Tapachula.
La rehabilitación era una obra esperada y necesaria; sin embargo, las condiciones que algunos pobladores aseguran haber observado durante los primeros días de trabajos han encendido las alertas.
Desniveles, agrietamientos, bordes irregulares y hundimientos en determinados puntos son, según los testimonios recogidos en la zona, algunas de las deficiencias que estarían presentándose. Incluso se habla de accidentes registrados durante las primeras horas de intervención.
Aquí es donde surge una pregunta que no debería incomodar a nadie: ¿quién está supervisando la calidad de la obra?
Porque una cosa es ejecutar un proyecto carretero y otra muy distinta garantizar que cada etapa se realice conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Para eso existen las autoridades responsables de la infraestructura, los mecanismos de supervisión y, desde luego, la responsabilidad de las empresas constructoras.
Los habitantes no están cuestionando la necesidad de la obra. Por el contrario, la respaldan. Lo que están pidiendo es algo elemental: que la carretera que reciban sea segura, funcional y tenga la calidad que corresponde a una inversión pública.
El planteamiento de Apolinar García Hernández, juez primero auxiliar de la Tercera Sección de Tinajas, merece atención precisamente por eso. No se trata de rechazar la rehabilitación, sino de pedir que se revise técnicamente lo que se está haciendo antes de que las posibles deficiencias se conviertan en un problema mayor.
Y aquí las autoridades tienen una responsabilidad que no pueden delegar.
La supervisión no debe limitarse a verificar que una maquinaria esté trabajando o que una empresa avance conforme al calendario. Supervisar significa revisar materiales, procesos, compactación, niveles, espesores, calidad de la carpeta, drenajes y todos aquellos aspectos técnicos que determinen la vida útil y seguridad de una carretera.
Si existen observaciones, deben atenderse oportunamente. Si los trabajos cumplen con las especificaciones, también corresponde a las autoridades aclararlo con argumentos técnicos y transparentes.
Lo peor que podría ocurrir es que una obra concebida para mejorar la movilidad termine convirtiéndose en una fuente de accidentes, gastos adicionales o reparaciones prematuras.
La participación ciudadana, en este sentido, no debe verse como una molestia. Los habitantes son quienes utilizan diariamente estas carreteras y quienes pueden advertir situaciones que merecen ser revisadas.
Por eso sería conveniente que la SICT y las instancias responsables de la supervisión realicen una inspección técnica al tramo Jaritas-Ciudad Hidalgo y hagan públicos sus resultados. No para buscar culpables anticipadamente, sino para garantizar que cada peso invertido tenga como resultado una obra que cumpla con su propósito.
Las constructoras tienen la obligación de hacer bien su trabajo. Las autoridades tienen la obligación de vigilar que así sea. ¿Alguien dijo que quería un cambio?
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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