El Campo También Necesita una Política de Salud
Ernesto L. Quinteros
Por años, hablar de desarrollo agrícola significó hablar de toneladas, hectáreas, rendimiento y productividad. La lógica parecía sencilla: producir más para alimentar a una población creciente.
Pero detrás de esas cifras existe una pregunta que pocas veces ocupa el centro del debate público: ¿qué estamos haciendo con la tierra que debe producir nuestros alimentos y qué calidad tienen los productos que llegan a nuestra mesa?
La agricultura moderna transformó al campo y permitió elevar considerablemente los volúmenes de producción. Sin embargo, el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas e insecticidas también abrió una discusión que ya no puede permanecer únicamente en los círculos especializados: la conservación del suelo, la protección ambiental y la salud de los consumidores deben formar parte de la política pública agroalimentaria.
En Chiapas, y particularmente en una región como el Soconusco, donde la actividad agrícola representa una parte importante de la economía y de la identidad productiva, hablar de producción orgánica no debería considerarse una moda ni un asunto exclusivo de pequeños productores. Es una conversación sobre soberanía alimentaria, economía rural y salud pública.
El suelo no es simplemente el lugar donde se siembra. Es un ecosistema vivo. Cuando pierde materia orgánica, cuando se compacta o modifica sus características químicas y biológicas, también pierde capacidad productiva. Entonces el agricultor enfrenta una paradoja: necesita invertir cada vez más para obtener resultados que antes conseguía con mayor facilidad.
Ahí aparece la producción orgánica como una alternativa de largo plazo. La utilización de composta, fertilizantes orgánicos, lixiviados y otros procesos destinados a recuperar la materia orgánica puede contribuir a mejorar las condiciones del suelo y, al mismo tiempo, disminuir paulatinamente la dependencia de determinados insumos externos.
Pero existe una realidad económica que tampoco puede ignorarse: el productor necesita ganar dinero. No se puede exigir una transición hacia modelos sostenibles sin ofrecer capacitación, acompañamiento técnico, investigación, financiamiento y mercados capaces de reconocer económicamente el esfuerzo de producir bajo esquemas más responsables.
De poco sirve pedirle al campesino que cambie sus métodos si después el mercado no paga la diferencia.
Por eso, la producción orgánica debe dejar de verse solamente como una responsabilidad individual del agricultor y convertirse en una oportunidad dentro de una estrategia de desarrollo regional. Gobiernos, universidades, investigadores, organizaciones de productores y consumidores tienen un papel que desempeñar.
También está la dimensión sanitaria. Una alimentación saludable comienza mucho antes de llegar al supermercado, al mercado público o a la cocina familiar. La discusión sobre la calidad de los alimentos debe incluir la manera en que fueron producidos, los insumos utilizados y las condiciones ambientales en las que crecieron.
Esto no significa presentar a la agricultura orgánica como una solución milagrosa ni afirmar que todo producto químico es necesariamente dañino. Significa reconocer que existen prácticas agrícolas capaces de reducir impactos ambientales y recuperar la fertilidad del suelo, y que vale la pena impulsarlas con conocimiento científico, regulación adecuada y acompañamiento técnico.
El verdadero desafío político está precisamente ahí: dejar de medir el éxito del campo únicamente por cuánto produce y comenzar a preguntarnos cuánto tiempo podrá seguir produciendo, en qué condiciones y con qué consecuencias para las siguientes generaciones.
Porque un suelo agotado también es una factura económica. Un ecosistema deteriorado también representa un costo social. Y una alimentación de calidad también debe entenderse como parte de la prevención en materia de salud.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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