La Política del Cobro: Plaza Galerías y el Riesgo de Meterle la Mano al Bolsillo de los Tapachultecos
Ernesto L. Quinteros
En Tapachula parece que algunos empresarios no terminan de entender que la economía de las familias no está para nuevos experimentos recaudatorios. En una ciudad donde el comercio enfrenta dificultades, el poder adquisitivo se encuentra presionado y los consumidores cada vez miden más sus gastos, la posibilidad de cobrar estacionamiento en Plaza Galerías no solamente resulta inoportuna: también revela una preocupante falta de sensibilidad hacia el entorno económico y social.
Aunque la administración del centro comercial no ha confirmado oficialmente la medida, las modificaciones observadas en sus instalaciones han encendido las alertas. Y la pregunta que comienza a incomodar es inevitable: ¿pretenden cobrar primero y ofrecer mantenimiento después?
La discusión no es únicamente sobre unos pesos por estacionarse. Se trata de entender que los centros comerciales no viven del aire, sino del consumo de la población. Cada vehículo que ingresa representa potenciales compradores, familias que acuden a comer, adquirir productos o simplemente realizar alguna actividad recreativa.
Convertir el estacionamiento en una nueva fuente de ingresos podría terminar convirtiéndose en una barrera para el consumo. Y en un escenario económico adverso, donde pequeños comerciantes luchan por mantener abiertas sus puertas, imponer gastos adicionales a los clientes no parece precisamente una estrategia inteligente.
Pero hay algo más delicado: la inconformidad ciudadana apunta también a las condiciones físicas del estacionamiento. Si existen señalamientos de deterioro y falta de mantenimiento, ¿con qué argumentos se pretende justificar un cobro? ¿Por ofrecer un servicio o por monetizar un espacio que hasta ahora ha sido parte de la oferta comercial?
El antecedente de Sam’s Club debería encender las luces de advertencia. En su momento, el Ayuntamiento de Tapachula clausuró los sistemas de cobro operados por Dunza Estacionamientos, luego de una resolución judicial dentro del expediente 10/22. Entre las irregularidades señaladas estuvieron la falta de licencia de funcionamiento, factibilidad de uso de suelo y protocolos de Protección Civil.
Aquella decisión respondió también a una exigencia ciudadana que cuestionaba el cobro por acudir a consumir a un establecimiento comercial.
Hoy, la posible intención de Plaza Galerías vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que las autoridades municipales no deberían ignorar. No se trata de anticipar sanciones ni de condenar una medida que todavía no ha sido anunciada formalmente, sino de exigir claridad sobre su legalidad, sus condiciones y sus implicaciones para los usuarios.
El gobierno municipal tiene la responsabilidad de vigilar que cualquier esquema de cobro cumpla con las disposiciones correspondientes, sin privilegios ni excepciones.
Y a los empresarios habría que recordarles algo elemental: la rentabilidad no puede construirse permanentemente a costa del consumidor.
Tapachula necesita inversión, empleos y actividad económica, no decisiones que terminen desalentando las compras y castigando todavía más el bolsillo familiar. En tiempos de crisis, la responsabilidad empresarial también consiste en entender el momento que atraviesa la sociedad.
Si Plaza Galerías pretende cobrar, tendrá que explicar por qué, bajo qué autorización y qué beneficios concretos recibirá la ciudadanía.
Porque una cosa es administrar un estacionamiento y otra muy distinta es pretender que los consumidores paguen cada vez más por recibir cada vez menos.
En política y en economía hay decisiones que se miden por sus consecuencias. Y si cobrar estacionamiento termina alejando a los clientes, el negocio podría descubrir demasiado tarde que, por querer ganar unos pesos adicionales, terminó perdiendo mucho más.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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