*- Es Necesario que las Autoridades de Seguridad Atiendan las Denuncias en los Centros Penitenciarios.
*- Urge Fortalecer los Mecanismos de Vigilancia y Garantizar los Derechos Humanos de las Personas Internas.
*- La Reinserción Social Debe ser una Realidad, y no Sólo un Concepto Plasmado en la Ley.
*DE ACUERDO A DEFENSORES DE DERECHOS, FAMILIARES DE INTERNOS SERÍAN OBLIGADOS A PAGAR CUOTAS PARA EVITAR AGRESIONES.
Tapachula, Chiapas 6 de Septiembre del 2026.- Las presuntas extorsiones, cobros de cuotas y abusos contra personas privadas de su libertad y sus familiares persisten en algunos Centros de Reinserción Social para Sentenciados (Ceresos) de Chiapas, denunció Luis García Villagrán, integrante del Centro de Dignificación Humana A.C., quien exigió una intervención inmediata de las autoridades estatales.
El activista señaló particularmente la situación que, según su denuncia, se registra en el penal de Tonalá, donde afirmó que familiares de internos estarían siendo obligados a entregar dinero bajo amenazas de que, de no hacerlo, sus seres queridos podrían ser golpeados o extorsionados.
Aseguró que el problema no puede minimizarse como conflictos aislados, pues detrás de cada interno existe una familia que también termina siendo víctima de presiones económicas y psicológicas.
También cuestionó las condiciones de seguridad en otros centros penitenciarios, al recordar la reciente fuga de un interno en San Cristóbal y señalar el caso de una persona recluida que fue trasladada a un hospital de Arriaga, donde falleció. Afirmó que en este último caso existieron presuntas omisiones de las autoridades para cumplir adecuadamente un mandato judicial.
El declarante pidió al gobierno estatal y a las autoridades penitenciarias fortalecer los mecanismos de vigilancia y garantizar los derechos humanos de las personas internas.
También demandó una participación más activa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con personal que supervise permanentemente lo que ocurre al interior de los reclusorios y documente posibles abusos.
Advirtió que la reinserción social debe dejar de ser un concepto únicamente plasmado en la ley y convertirse en una realidad mediante educación, trabajo y respeto a las garantías constitucionales. Además, pidió revisar los casos de adultos mayores y personas en condiciones de alta vulnerabilidad que pudieran acceder a beneficios contemplados por la legislación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.
