Alejandra Puente
Una de las principales preguntas sobre el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es si seguirá en funciones o será reemplazado en su totalidad por el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. La respuesta ha sido clara hasta el momento. Hoy, el AICM seguirá funcionando con normalidad, los vuelos actuales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) serán apenas algunos vuelos nacionales e internacionales.
Tras la inauguración del AIFA podemos ver cómo este proyecto hijo de la actual administración tiene como principal objetivo no sólo desahogar al viejo AICM sino condicionar y limitar sus vuelos, si fuera necesario, con tal de abastecer al nuevo en cantidad de vuelos.
El atropello no es sólo para las aerolíneas que no quieran formar parte de esto, pues el pasado 7 de septiembre Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes, aseguró que “si no se vinieran aquí [al aeropuerto de Santa Lucía], no va a haber más remedio que limitar [al AICM]”. ¿Pero, quiénes son en realidad las personas afectadas con estas decisiones?
El periódico El País reportó “en un servicio de automóvil particular y haciendo uso de un navegador, el traslado cronometrado desde Perisur al AIFA fue de dos horas y 59 minutos, no sin menoscabo de hacer uso de rutas de peaje, como el segundo piso del periférico y el Circuito Exterior Mexiquense, con un costo superior a los 500 pesos (24.5 dólares) por pago de casetas”, lo que representa un cambio incomparable con el actual AICM o el proyecto que fue descartado del aeropuerto de Texcoco que hubiese representado por lo menos la mitad de costos y distancia.
Con esto podemos ver no sólo las dimensiones del problema ante la supuesta solución de un nuevo aeropuerto, sino que el proyecto de transformación del que tanto ha hablado el actual gobierno sigue teniendo una distancia kilométrica con la realidad. Hoy, mientras se habla con gentileza de los logros con los que se realizó un aeropuerto en tiempo récord, podemos mirar cómo la corrupción avanza sin escrúpulos, la violencia sigue en índices altísimos y la pobreza y la alfabetización no han podido reducirse.
¿Quién es capaz de hablar de la corrupción dentro del aeropuerto si matan periodistas día con día? El medio Latinus hizo una investigación sobre los contratos para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la que encontraron empresas fantasmas y empresas investigadas por desvío de recursos. Al mismo tiempo, el presidente López Obrador declaró que toda la información relacionada no podía ser pública por seguridad nacional.
Estamos mirando de frente al aparato que ha creado discursos que dividen al pueblo y ha construido narrativas que carecen de congruencia. La austeridad que podemos mirar en las fotografías de la inauguración de AIFA no resuelve en ningún sentido la pobreza en este país, no democratiza el acceso a volar y, peor aún, sacrifica más el bolsillo de los miles de personas que día con día tendrán que trasladarse para poder volar. SUN
