Denuncian malas prácticas y presuntos actos de corrupción por parte de agentes migratorios en la frontera sur.
*EL ACTIVISTA LUIS GARCÍA VILLAGRÁN SEÑALA QUE LA MAYORÍA PERMANECE EN LA REGIÓN, DEBIDO AL BUROCRATISMO Y LENTITUD EN QUE SON ATENDIDOS LOS TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DE LA COMAR E INM.
Tapachula, Chis., 23 de Abril.- Tras realizar manifestaciones en centros comerciales en donde desplegaron mantas en las que establecieron que “migrar no es un crimen”, representantes de organismos defensores de migrantes exigieron una investigación al Instituto Nacional de Migración (INM).
El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, reveló que más de “40 mil extranjeros” de diversas naciones permanecen varados en Tapachula, pero se les dificulta iniciar su proceso de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el propio INM.
Por ello, demandó que se realice una profunda investigación, ya que considera que funcionarios y agentes migratorios se encuentran coludidos para lucrar con este fenómeno.
Frente a la Estación Migratoria Siglo XXI, los activistas consideraron necesario cambiar la política migratoria nacional, para que sea más humana, porque “más del 80 por ciento, es una migración forzada”.
Insistió que no solamente se requieren cambios de funcionarios del INM sino que haya investigaciones a fondo y termine la persecución y la estigmatización de las personas migrantes en la frontera sur del país.
García Villagrán también mencionó que se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres migrantes, al estigmatizarlas como que “solo pueden trabajar en antros o centros nocturnos”.
Asimismo, la desaparición de algunas cubanas que no son buscadas por ninguna autoridad, cuando “son seres humanos que merecen también una atención”.
Insistió que los migrantes no son criminales y se requiere una política humanista, por lo que urgió al gobierno federal, voltear los ojos a la frontera sur y atender al fenómeno que se sigue presentando, ahora con mayores riesgos por la política de Donald Trump de impedir el paso hacia los Estados Unidos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.
