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Organizaciones Piden Investigar Manejo de la Coordinación Estatal de VIH en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto del 2026.- El Grupo de Trabajo de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de Chiapas expresó su preocupación ante la posible designación de Alejandro Rivera Marroquín nuevamente al frente de la Coordinación Estatal de VIH, y solicitó a las autoridades investigar su desempeño durante su anterior gestión.
Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida y vocero del grupo, señaló que las organizaciones han participado durante décadas en el diseño de estrategias de prevención, atención y educación, particularmente en periodos en los que Chiapas registraba altos índices de VIH.
De acuerdo con el activista, el trabajo conjunto entre sociedad civil y autoridades permitió reducir la posición del Estado en los registros nacionales de casos; sin embargo, afirmó que posteriormente se produjo un repunte y atribuyó parte de esta situación a la falta de coordinación institucional y al debilitamiento de la participación de las organizaciones.
López Samayoa sostuvo que el eventual regreso de Rivera Marroquín representaría un retroceso para las acciones de prevención y atención, por lo que pidió al gobernador Eduardo Ramírez y al secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, revisar la situación y garantizar que la coordinación sea encabezada por personal con experiencia y compromiso en materia de VIH e infecciones de transmisión sexual.
También planteó que, en caso de regresar al cargo, el funcionario tendría que rendir cuentas sobre el estado en que dejó el programa y las decisiones adoptadas durante su gestión.
Asimismo, hizo señalamientos sobre presunto nepotismo y colocación de personas sin experiencia en áreas relacionadas con VIH, aspectos que, dijo, deben ser investigados por las autoridades competentes.
El representante social advirtió que una atención deficiente no sólo tiene consecuencias sanitarias, sino también económicas y sociales, pues el diagnóstico tardío, la falta de prevención y la interrupción de tratamientos pueden incrementar los costos para las familias y para el sistema público de salud, además de profundizar la vulnerabilidad y la discriminación de las personas que viven con VIH.
Las organizaciones manifestaron su confianza en que el nuevo secretario de Salud escuche sus planteamientos y dé prioridad a la prevención, atención y educación.
No obstante, López Samayoa indicó que, de no obtener respuesta, recurrirían a mecanismos legales y organismos de derechos humanos, aunque confió en que el conflicto pueda resolverse por la vía institucional en Chiapas.
El llamado central es a fortalecer la coordinación entre Gobierno y sociedad civil para avanzar en las metas de 2030 y evitar que las deficiencias institucionales terminen afectando la salud, la economía familiar y los derechos de la población. EL ORBE/ JC

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