Migrantes de Diversas Nacionalidades Siguen Llegando a Tapachula
Ernesto L. Quinteros
Tapachula vuelve a colocarse en el centro de una realidad que las cifras oficiales muchas veces intentan explicar, pero difícilmente consiguen dimensionar: la migración dejó de ser un fenómeno exclusivamente centroamericano y se ha convertido en una expresión de las crisis políticas, económicas, sociales y ahora también ambientales que atraviesan buena parte del continente.
El dato del Albergue Diocesano Belén es revelador: cerca del 90 por ciento de ocupación y alrededor de un centenar de personas atendidas, mientras nuevamente comienza a crecer el flujo de llegada. Después de que entre 45 y 50 personas abandonaran el albergue para incorporarse a la última caravana, el mensaje es claro: la migración no se detuvo; simplemente está buscando nuevas rutas y nuevas estrategias para avanzar.
Y aquí aparece una pregunta incómoda para los gobiernos de México y de la región: ¿qué ocurrirá si a las causas tradicionales de la migración se suman nuevos desplazamientos provocados por desastres naturales?
En junio, Venezuela fue golpeada por un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5. Semanas después, el 10 de agosto, Colombia enfrentó un sismo de magnitud 7.4 que afectó diversas regiones y dejó una importante destrucción.
Estos acontecimientos no significan automáticamente que miles de familias vayan a emprender el camino hacia México. Sería irresponsable afirmarlo sin datos que lo demuestren. Pero sí representan un nuevo factor de vulnerabilidad para sociedades que ya enfrentan desplazamientos, pobreza, falta de oportunidades y dificultades para regularizar su situación migratoria.
Y mientras el sur del continente enfrenta sus propias emergencias, Colombia acaba de endurecer su política migratoria, con medidas dirigidas principalmente contra personas venezolanas en situación irregular. El país alberga aproximadamente 2.8 millones de venezolanos y organizaciones defensoras han advertido sobre el impacto que pueden tener las deportaciones y el cierre de vías de regularización.
El tablero, entonces, empieza a complicarse.
Familias que ya no encuentran condiciones para permanecer en sus lugares de origen; personas que pierden vivienda o patrimonio por un desastre; migrantes que enfrentan restricciones en países de tránsito; gobiernos que endurecen sus fronteras y, al final de la cadena, México convertido en una especie de embudo migratorio.
Y ese embudo tiene nombre propio: Tapachula.
La ciudad recibe a personas de Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador y países africanos. Al mismo tiempo, cientos de migrantes han comenzado nuevamente a organizarse en caravanas ante la lentitud de sus procesos y la falta de respuestas.
El problema es que las caravanas tampoco son una solución. La reciente movilización hacia el norte dejó incluso una víctima mortal y puso nuevamente sobre la mesa los riesgos de caminar durante kilómetros bajo temperaturas extremas, sin condiciones adecuadas de seguridad, alimentación y atención médica.
Por eso el debate no debería reducirse a si México debe permitir o contener las caravanas. El verdadero debate es qué está haciendo México para administrar una frontera que puede recibir presiones migratorias cada vez más complejas.
Tapachula no puede convertirse permanentemente en sala de espera de una crisis internacional.
Tampoco los migrantes pueden ser vistos únicamente como un problema de seguridad.
Es reiterativo decirlo, pero México necesita una política migratoria que combine control, derechos humanos, cooperación internacional y capacidad de respuesta. Y, sobre todo, necesita dejar de actuar cuando las caravanas ya están caminando. En fin.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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