Por Ernesto L. Quinteros
Colectivos Saturados: Un Problema que Puede Terminar Pagando el Usuario
La saturación de las rutas del transporte colectivo en Tapachula comienza a convertirse en un problema que va mucho más allá de la simple incorporación de nuevas unidades. Cuando una ruta pasa de operar con poco más de una decena de vehículos a concentrar 30, 34 o incluso cerca de 40 unidades, como ocurre en la ruta 27 Solidaridad–4ª Avenida Cafetales, resulta obligado preguntarse si realmente existe una planeación del transporte público o simplemente se están repartiendo concesiones y espacios sin considerar las consecuencias.
Y es que, en medio de la disputa por el pasaje, los espacios y las frecuencias de salida, quienes terminan pagando los platos rotos son los usuarios.
La lógica parece sencilla: más unidades deberían significar menor tiempo de espera y un mejor servicio. Pero si todos quieren salir al mismo tiempo y competir por el pasaje, puede ocurrir exactamente lo contrario. Se genera una especie de guerra por el usuario, donde los choferes tienen que acelerar, rebasar o “carrerear” para conseguir pasajeros y alcanzar la cuenta diaria que deben entregar al patrón, además de obtener lo correspondiente a su salario.
Aquí aparece uno de los principales riesgos. Cuando el ingreso del conductor depende directamente de la cantidad de vueltas y pasajeros que logre captar durante la jornada, la presión económica puede convertirse en un factor que incida directamente en la forma de conducir. Las famosas “carreritas” no son solamente una mala costumbre: pueden representar un riesgo para pasajeros, peatones y automovilistas.
Por eso, la saturación de rutas debe analizarse con seriedad. No se trata únicamente de cuántas unidades caben físicamente en una calle, sino de cuántas pueden operar eficientemente sin provocar competencia desmedida por el pasaje, congestionamiento, tiempos muertos y conflictos entre concesionarios y trabajadores.
La situación de la ruta 27 también pone sobre la mesa otro asunto: el de los llamados checadores, trabajadores que durante años han participado en la organización de las salidas y que ahora enfrentan la posibilidad de ser desplazados por cambios en el esquema de operación.
Más allá de quién tenga la razón en el conflicto interno, corresponde a las autoridades revisar qué está ocurriendo.
La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado no puede permanecer como simple espectadora mientras crecen los conflictos en las rutas. Tiene que verificar cuántas unidades están autorizadas, bajo qué condiciones operan, cómo se establecen las frecuencias, quién regula las salidas y, sobre todo, si el actual modelo garantiza seguridad y un servicio eficiente.
Porque mientras los concesionarios y trabajadores se disputan el pasaje, el usuario espera, paga y arriesga.
Y aquí vale la pena recordar una propuesta que hace varios meses puso sobre la mesa un dirigente social y abogado: establecer un salario para los choferes del transporte colectivo, con el objetivo de reducir la presión económica que genera la famosa cuenta diaria y, con ello, disminuir las carreras entre unidades.
La propuesta quedó, hasta donde se sabe, solamente en eso: una propuesta.
Pero quizá sería momento de retomarla y analizarla seriamente. Si el problema es que un conductor tiene que competir por pasajeros para garantizar el ingreso del patrón y su propio sustento, entonces habrá que buscar un esquema que permita separar el salario del chofer de la cantidad de pasajeros que pueda levantar durante el día.
Tapachula necesita un transporte público ordenado, seguro y digno. Y eso implica revisar concesiones, rutas, frecuencias, condiciones laborales y mecanismos de supervisión.
Porque llenar las calles de colectivos no necesariamente significa mejorar el transporte.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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