Mario Maldonado
El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió las advertencias. Contra todas las recomendaciones de su secretario de Comunicaciones y Transportes -o muy probablemente exsecretario-, Javier Jiménez Espriú, y del propio titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, las aduanas y puertos mexicanos serán militarizados, aunque no se tiene claro aún si por acuerdo o decreto presidencial.
En esta columna, el 28 de Noviembre de 2019, advertimos sobre las intenciones del Servicio de Administración Tributario, entonces a cargo de Margarita Ríos-Farjat, para incorporar efectivos militares a la Administración General de Aduanas ante un grave problema de corrupción que “favorece las actividades de la delincuencia organizada, como son el tráfico de armas, drogas, precursores químicos y mercancía en general”.
En Abril de 2019, la hoy Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó al Ejército un diagnóstico de los puntos fronterizos más vulnerables, así como de los principales delitos identificados en cada uno de ellos. La solicitud era un primer paso a la militarización.
Ríos-Farjat estaba convencida de que la corrupción que prevalecía en las aduanas del país sólo podía erradicarse con la disciplina castrense; en especial porque el mismo funcionario que encabezaba en esos momentos la AGA, Ricardo Peralta Saucedo, hoy subsecretario de Gobierno, no le garantizaba transparencia y honestidad en su operación.
El análisis sobre la cotidianidad del trabajo aduanero fue contundente: elevados flujos de tráfico de droga de sur a norte (fentanilo, metanfetaminas y marihuana) y de armas de norte a sur; cobro de cuotas para no revisar cargamentos; cobro de impuestos con recibos hechos a mano, y multas elevadas para cruzar con mercancías.
La aduana y puerto de Manzanillo, justo donde el presidente López Obrador anunció las nuevas responsabilidades de Ejército y Marina, fue identificado como el punto crítico de la actividad delincuencial, operada principalmente por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
El puerto colimense, según lo confirmaron diagnósticos adicionales encargados por el SAT al excomisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, es el principal receptor del fentanilo que se traslada a los Estados Unidos, y el que ha otorgado al CJNG su actual poderío económico y capacidad de fuego. Tan solo un puñado de ese químico tiene un valor superior al medio millón de Pesos en el mercado.
Sin embargo, la Sedena nunca estuvo convencida de la pertinencia de habilitar a militares en activo en puestos administrativos de las aduanas, ni siquiera en Manzanillo, por el “desgaste que eso podría originar ante la opinión pública por la militarización de otras Áreas de la Administración Pública Federal”.
La propuesta en aquel entonces fue colocar a 176 militares en retiro en posiciones clave de la AGA como Administradores, Subadministradores y Jefes de Planta o verificación en 22 de los puntos fronterizos más conflictivos del país.
En los hechos, el proyecto nunca pudo concretarse, pues la partida de Ríos Farjat a la Corte y la sumisión que Ricardo Ahued mostró hacia la estructura que heredó de su antecesor, Ricardo Peralta, terminaron por bloquear el arribo de los mandos militares.
Sin el aval del Titular de Comunicaciones y Transportes, el asunto fue presentado al Congreso como una las prioridades legislativas del Gobierno, pero quedó congelado a principios de este año ante la falta de consensos entre las fuerzas políticas y la presión de los empresarios involucrados en la marina mercante.
Se tuvo que dar finalmente el manotazo presidencial para concretar la militarización que se viene concibiendo desde principios de sexenio y que, como siguiente paso, tendrá que encontrar un sustento legal y un nuevo titular para la SCT ante la inminente salida de Jiménez Espriú.
IFT y la Controversia Constitucional.
El viernes, los Grupos Parlamentarios del Senado presentaron una controversia constitucional contra los cambios al Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual proponía que las decisiones para la designación y remisión de titulares de área y Directores Generales se sometieran al pleno en cuanto no existiese un Comisionado Presidente elegido por el Senado.
La propuesta que está siendo rebatida por los legisladores vino de un grupo de Comisionados del IFT vinculados a la administración pasada. La controversia constitucional pone al actual presidente interino del instituto, Adolfo Cuevas, en línea para ser ratificado como Presidente formal del regulador. Sun
