Susana Zavala
En 2017, México se situó en el primer lugar del ranking de datos abiertos entre los países de América Latina y el Caribe, y en tan sólo dos años se desplomó hasta la quinta posición.
Esto se debe al abandono en el que se encuentra esta política pública por parte de los gobiernos federal y locales, señaló un estudio regional.
El declive en la materia lo reporta el Barómetro Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe 2020, el cual fue elaborado por Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), la cual promueve las políticas y uso de datos abiertos en toda la región para favorecer el desarrollo inclusivo.
«Países que eran percibidos como líderes han perdido ese liderazgo debido a la discontinuidad de sus políticas o recursos para las mismas, como ha sido el caso de México, nación que ha experimentado una caída en el barómetro», apunta el análisis.
La iniciativa ILDA forma parte de la Open Data for Development (OD4D) como nodo regional para América Latina.
En su análisis 2020, a través del barómetro, evalúa a 24 países, y como resultados generales de esta edición presentan una calificación promedio para toda la región de 40.38 puntos, de un total de 100.
En dicha medición, México obtuvo una calificación de 58.48 puntos, la cual hizo que retrocediera cinco escaños, ya que el país presentaba un récord al alza desde 2013. Para 2017 lo colocó en el primer lugar.
Al respecto, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL, precisó que la caída de México en el ranking es preocupante, pues los gobiernos que valoran la participación social y comunitaria son aquellos que comparten más bases de datos.
«Pese a iniciativas específicas de las secretarías de Economía, Hacienda o Función Pública, en general, la administración de Andrés Manuel López Obrador publica menos información y menos datos», indicó.
Refirió que muchos gobiernos estatales se han sumado a esta tendencia negativa, salvo Jalisco, Nuevo León y la capital.
Por otra parte, ILDA señala que la región ha mejorado «marginalmente» en las tres áreas que califica: preparación, implementación e impacto. En el caso de México, el país cayó sustancialmente en todos los segmentos.
En el subíndice de preparación, México obtuvo una calificación de 62.12 puntos y se situó en la cuarta posición.
En implementación bajó a la sexta posición, cuando ya se encontraba en el segundo lugar, mientras que en el segmento de impacto el país estaba en primer lugar, con una calificación de 62 puntos -ventaja de 32 puntos con respecto a la segunda posición que en 2017 ocupó Brasil-, pero este 2020 ocupa el segundo lugar, con 45 puntos.
«La política nacional de datos abiertos del gobierno de México en 2020 se encuentra en riesgo ante el cambio de enfoque por parte de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, cuyos programas dejaron de lado la apertura de datos para priorizar la política de compras de TIC, el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica y el gobierno electrónico», refiere ILDA.
Juan Manuel Casanueva, director ejecutivo de SocialTIC, organización especializada en tecnología digital e información, y quien participó en el desarrollo del barómetro, señaló que la agenda de datos abiertos en México data desde hace 10 años y los avances más sustanciales se habían concretado gracias a la Estrategia Nacional Digital aprobada en 2014.
«México tiene retrocesos a causa de una ausencia de políticas de datos y esto es resultado de que la Estrategia Nacional Digital cambió totalmente sus prioridades», indicó Casanueva.
«Definitivamente es un retroceso que nos hace depender sólo del Inegi o los estudios del Coneval, es como regresar al siglo pasado», precisó Casanueva.
En tanto, el periodista y especialista de data Eduard Martín-Borregón, precisó que alrededor de la apertura de datos hay una dualidad, porque por un lado hay una industria incipiente que genera conocimiento y es una fuente de empleo, pero además contribuye a fomentar la rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción.
«Los datos abiertos generan beneficios a muchos sectores. Si bien, de entrada son utilizados por algunos especialistas, el gobierno debe dejar las puertas abiertas para que con los datos se construyan diversas iniciativas que beneficien al ciudadano de a pie, a periodistas, a empresarios, incluso al propio gobierno, porque los datos abiertos facilitan la interacción gubernamental», puntualizó el periodista.
«Muchos reportajes han probado redes de empresas fantasma, con fuentes cerradas. Si fueran completamente públicos y gratuitos los registros empresariales, la corrupción cedería porque habría manera de hacer cruce de bases de datos para detectar patrones», concluyó Eduard Martín-Borregón. Sun
