*Solo dan Preferencia a Extranjeros.
Tapachula, Chiapas; 22 de Junio del 2021.- “En el tema migratorio y en la crisis que se está viviendo en la frontera sur por el éxodo irregular de extranjeros, somos candil de la calle y oscuridad de la casa, porque ahora los programas, empleos, servicios de salud, educación y alimentación, son para indocumentados y no para los chiapanecos, que siguen en espera de las migajas”.
Así lo expresó Edgar Gerardo Torreblanca Martínez, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Chiapas, quien lamentó que en estos años y medio hay más desempleo y más pobres, “porque a los migrantes se les está dando mayores tareas y empleo a través de los programas federales”.
En entrevista para EL ORBE, dejó en claro que son los mexicanos los que están aportando los recursos económicos para mantener a los indocumentados, vía impuestos.
Asimismo, hay severos problemas de seguridad y salud que deberían ser atendidos de inmediato, y que en esa problemática mucho tiene que ver la participación delictiva de grupos de extranjeros que son buscados en sus países por diversos delitos y, en el caso de salud, por todas las enfermedades que traen consigo, por ello están abarrotados los hospitales y centros de salud con esas personas.
Hizo un llamado al Gobierno Federal para que deje de marginar de esa manera a los chiapanecos y recapacite la postura para atender primero las necesidades de los mexicanos, sobre todo a la entidad más pobre del país.
Comentó, además, que muchos migrantes están contratando los servicios de abogados para ver la celeridad con respecto a sus trámites ante las dependencias migratorias, además de promover amparos, porque consideran que están privados de su libertad al estar varados en Tapachula.
Por otro lado, pidió -a nombre de sus agremiados- agilizar los trámites de sus procesos para garantizar una justicia expedita, pronta, gratuita e imparcial.
Consideró que las autoridades deberían implementar una plataforma digital en lo que concierne a los tribunales para tratar de recuperar el año y medio que los empleados se mantuvieron en casa.
Refirió que, en materia laboral, la Junta está dando cuatro años para sacar todo el rezago que se tiene, pero si en ese tiempo no se logra avanzar, pasará lo pendiente a lo laboral. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez
