Tapachula, Chiapas; 1 de Agosto.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) atrajo en las últimas horas el caso de los 26 maestros del Conalep-Huixtla que fueron despedidos desde el 2005 por haber señalado diversos actos de corrupción en la administración que encabezó el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
Los docentes cumplieron una semana de manifestaciones en Tapachula, en donde han realizado marchas, plantones, mítines, y mantienen tomada la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, además que seis de ellos se mantienen en huelga de hambre.
Gonzalo Méndez Guillén, en representación de los manifestantes, dijo en entrevista que la CEDH les informó que ya emitió una medida cautelar a la Secretaría de Hacienda, para que pague de inmediato los laudos.
En estos doce años de lucha, recordó, no les han pagado ni un solo Peso, aún cuando les deben salarios caídos, vacaciones, primas, aguinaldos, compensaciones, bonos y otros derechos laborales que, en global, suman varios millones de Pesos, una cifra que día aumenta, por los intereses moratorios.
Hasta el momento no hay mesa de diálogo con funcionarios de la dependencia y, por lo mismo, no hay avances, dijo.
Dio a conocer que éste día se integró Hilario David Mejía Cordero al grupo de maestros que desde hace seis días iniciaron una huelga de hambre, en las afueras de la Unidad Administrativa.
Este martes también un grupo de médicos de la Jurisdicción Sanitaria VII se presentó ante ellos para revisar la salud de los huelguistas, quienes -según Méndez- ya presentan signos de deshidratación y otros propios a la falta de alimentos.
El resto de los maestros que se encuentran en ayuno son: Ángela Reyes Ramírez, Jorge González, Mirna Arcelia López Ramos, Sinar Sánchez Juárez y José Luis Blanco Pérez.
Además, comentó, las cosas han empeorado porque la resolución del Juez fue que deben ser reinstalados en sus fuentes de trabajo, pero el Conalep entregó sus bases a otras personas que, a su vez, ya hicieron antigüedad.
De igual forma, no han querido aceptar que proceda el embargo, porque asegura que las instalaciones y mobiliario del Conalep están en pésimas condiciones.
Mientras esperan que sus demandas sean atendidas, siguen tomadas las instalaciones gubernamentales y con ello están paralizadas las actividades administrativas de 15 dependencias estatales. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
