Catalina Pérez Correa
Profesora-investigadora del CIDE
La noticia sobre la búsqueda de órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada contra 31 investigadores y académicos por parte de la Fiscalía General de la República, sacudió a la comunidad académica y científica del país. La intención de la FGR es iniciar procesos penales contra estos miembros de la comunidad y encarcelarlos «preventivamente» en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya.
Esta cárcel ha albergado personajes como «El Chapo» Guzmán, Rafael Caro Quintero, Eduardo Arellano Félix, Miguel Treviño (El Z-40) y Héctor Beltrán Leyva. En dos ocasiones, un juez federal negó girar las ordenes de aprehensión solicitadas por falta de pruebas. Sin embargo, la FGR afirmó que hará un tercer intento por obtener las órdenes de aprehensión. El actuar de la Fiscalía va más allá del autoritarismo; se trata de un caso evidente de abuso de poder. Todo el episodio, además, exhibe aspectos preocupantes del sistema de justicia penal federal y del contexto social actual.
El concepto de delincuencia organizada es problemático por muchas razones. Se trata de un concepto indeterminado y ambiguo. Puede aplicar a un delito específico o a un tipo penal que involucra otros delitos. Pero sobre todo, se trata de un régimen penal de excepción consistente en la reducción de derechos de los acusados, el ensanchamiento de la discrecionalidad de las autoridades y el incremento de penas. La mera acusación conlleva el encarcelamiento «preventivo», mientras se desarrolla el caso. Ciertamente el sistema penal, como todo el sistema jurídico, tiene siempre la posibilidad de ser caprichoso y discrecional. Por eso, y considerando lo que está en riesgo en la aplicación del derecho penal -la pérdida de la libertad, los bienes, la familia- se establecen estándares y medidas orientadas a contener el abuso de autoridad, tal como la presunción de inocencia. El régimen de delincuencia organizada violenta todas estas medidas de salvaguarda. A las personas señaladas se les trata como enemigos de Estado que no merecen las garantías mínimas del debido proceso.
Quienes hemos criticado este régimen desde que se adoptó en la Constitución señalamos el problema de su laxitud y lo draconiano que resulta con los acusados. Advertimos desde 2008 los abusos a los que se prestaría y los riesgos de su uso con fines políticos.
La acusación y persecución de 31 miembros de la comunidad científica bajo este régimen muestra, nuevamente, la práctica recurrente de las fiscalías de usar este mecanismo cuando se saben incapaces de presentar pruebas convincentes. Exhibe además su uso político. Estas acciones son una amenaza para quien critica al Gobierno desde la academia, el periodismo o cualquier otro ámbito profesional.
Algunas personas han señalado que no se trata de un embate en contra de la comunidad científica sino en contra de algunos de sus miembros. Pero lo cierto es que el mensaje es claro: cualquiera que disguste a las altas esferas del poder puede estar sujeto a persecución penal con las herramientas más brutales. Ojalá fuese cierto que el que nada debe nada teme. En México, todos tenemos que temerle al capricho del Fiscal porque cualquiera puede ser el siguiente en el banquillo de los acusados. Sun
