José González Morfín
Fue penoso conocer la respuesta del Presidente López Obrador a la resolución del Parlamento Europeo que condena el poco interés que han puesto las autoridades en la protección de quienes se dedican o ejercen la función del periodismo y, en castigar a los responsables de los crímenes que se han producido en contra de comunicadores en lo que va de la actual administración. Se perdió una oportunidad para responder con datos de lo que se está haciendo -si es que realmente se está haciendo algo- para proteger a un grupo que, sin lugar a dudas, ejerce en nuestro país una de las actividades que conlleva un alto riesgo personal.
No se puede ocultar la realidad. Los datos son alarmantes. Con el asesinato de Armando Linares el pasado 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán, ya son nueve los periodistas asesinados sólo en lo que va del año (doce semanas). Esto habla del grado de violencia al que se enfrentan muchos periodistas en México.
La libertad de expresión es un derecho que los mexicanos valoramos de manera muy especial, ya que hace apenas unas décadas, era una conquista que se antojaba difícil de alcanzar. Afortunadamente, han quedado atrás los días donde los medios eran aparatos políticos de control ideológico. La democracia trajo consigo una serie de beneficios al país y uno de ellos es, sin duda, la existencia de pluralidad de opiniones y de contenidos en los medios de comunicación.
Hoy, en México, los medios de comunicación gozan de libertad de prensa absoluta, pero en muchas regiones del país, los medios locales han perdido dicha libertad; ya no por un poder político, sino por miedo. Las agresiones en contra de los profesionales de la comunicación son delitos que tienen el efecto de amedrentar a otros periodistas y a la ciudadanía, pues generan temor de denunciar atropellos y actos ilícitos. Es responsabilidad del Estado contribuir a que el miedo no sea un factor que obstruya la libertad. Debe también asegurar que los periodistas puedan hacer libremente su trabajo para que los ciudadanos estén bien informados.
La impunidad en la comisión de crímenes violentos contra periodistas, se traduce en una herramienta de censura -y de “autocensura”- que afecta gravemente a nuestro sistema democrático. En algunos estados los medios deciden no dar cobertura a ciertos temas como medida de protección.
Es cierto, los homicidios, secuestros, amenazas y extorsiones, son crímenes del fuero común, por una parte, pero también, cuando se cometen contra comunicadores, son atentados a la libertad de prensa y a los derechos fundamentales de informar y recibir información veraz por parte de los ciudadanos. Estos delitos tienen sólo un objetivo: silenciar.
Ejercer el periodismo en México es sumamente riesgoso, es por ello que el Estado debe encargarse de asegurar la protección y el pleno ejercicio de quienes se dedican a tan noble actividad. Tener acceso a la información y difundirla a través de la labor periodística es un derecho que todo Estado democrático debe garantizar a sus ciudadanos. No sólo es cuidar la integridad de los periodistas, sino también el interés general de la sociedad al garantizar las condiciones para el acceso libre a la información. SUN
