Narcopolítica en México por
AMLO y Mamá del Chapo
Por Carlos Ramírez
La narcopolítica mexicana escaló niveles políticos en la agenda de gobierno de Donald Trump apenas en su seguido periodo. En su primera presidencia, el tema central fue el de la migración sin control que alentaba el gobierno del presidente López Obrador. Y en 2020 usó el poder de los aranceles para obligar a México a frenar las caravanas.
Los organismos de seguridad de Estados Unidos siempre han tenido claras las referencias a las relaciones de funcionarios mexicanos con diferentes organizaciones del narcotráfico, comenzando con el escándalo más visible: la designación del agente policiaco Arturo Durazo Moreno a finales de 1976 como director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal, a pesar de las informaciones que llegaron a la oficina del presidente electo José López Portillo de que Durazo estaba en la lista negra de EU por sus vinculaciones con el tráfico de drogas como comandante de la Dirección Federal de Seguridad –la policía política del Estado– en el aeropuerto capitalino.
En términos geopolíticos y de seguridad nacional, la agenda del narcotráfico importa por su visibilidad pero no influye en toma de decisiones de Estado. El descuido estadounidense y mexicano permitió que a partir del 2000 los cárteles mexicanos del narco tuvieran una mayor presencia física y estructural dentro del territorio estadounidense, pero también solo en temas referidos al tráfico de drogas, la venta al menudeo y el lavado de narco dólares.
El presidente Donald Trump elevó la importancia de la agenda del narcotráfico mexicano con sus acusaciones muy directas de que los cárteles encontraban protección en instancias gubernamentales estatales y federales en México. Dos casos muy visibles volvieron a posicionar mediáticamente el tema: el arresto en México en 1997 del zar antidrogas general Jesús Gutiérrez Rebollo y el arresto en Texas en 2020 del secretario mexicano de seguridad 2006-2012, Genaro García Luna.
En ambos casos, aun asumiendo como verídicas las acusaciones, no se dieron pruebas que determinaran la existencia de un narcoestado, es decir, que el Estado federal como institución fuera el responsable del control de cárteles y de sus actividades de tráfico de drogas; y los casos de funcionarios investigados o señalados como cómplices del narcotráfico, tampoco revelaron una estructura del poder nacional articulada a los intereses del narcotráfico.
De la Operación Intercepción de 1969 a la finalización del sexenio de Peña Nieto, el gobierno y el Estado se cuidó de articularse orgánicamente a los cárteles de las drogas, inclusive, las autoridades estatales y municipales que protegieron a narcotraficantes no entregaron sus áreas de poder a los capos locales.
El problema se colocó más visible en otro escenario durante el gobierno del presidente López Obrador: su estrategia de seguridad basada en “abrazos, no balazos» se sostenía entonces en instancias de poder público: atender las causas de pobreza qué facilitaban la presencia del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado y acordar de manera informal con las bandas de narcos un respeto a la institucionalidad pública de las zonas de operación para evitar las matanzas que alcanzaron niveles estratosféricos en el Gobierno de Calderón. Más que narcoestado hubo gobernanza criminal.
Los cinco principales cárteles –el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el de Juárez y el del Golfo– llegaron a tener interrelación con funcionarios estatales que más adelante fueron detenidos, procesados y sentenciados, pero sin que se tuvieran evidencias que las estructuras del Estado en cualquiera de los tres niveles del Gobierno hubieran sido entregadas a los narcos. El caso más visible de la interrelación fue la Familia Michoacana que expropió empresas locales y cobra impuestos. Este modelo funcionó en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa, pero sin que las estructuras municipales y locales estuvieran en manos directamente de los narcos.
La imagen que encendió los focos rojos en las áreas de seguridad nacional de Estados Unidos fue aquella visita de López Obrador a Badiraguato en marzo de 2020 y la fotografía pública del presidente de la República saludando amigablemente a la mamá del Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa en ese momento procesado judicialmente en Estados Unidos por extradición decidida por el presidente Peña Nieto, dejando la interpretación de que el capo del grupo delictivo, narcotraficante y criminal contaba con la protección del titular del Poder Ejecutivo.
La agenda del narco de Trump es de seguridad pero no estaría determinando las relaciones entre los dos estados, aunque sí es elemento de presión estadounidense sobre México.
Política para dummies: la política a veces oculta la política.
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