Denuncian Presunta Corrupción y Abandono Institucional Hacia los Migrantes
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Afirma que Extranjeros son Obligados a Pagar Grandes Cantidades de Dinero Para Obtener Documentos Regulatorios
Tapachula Chiapas 30 de septiembre2025.- A horas del inicio de la «Caravana por la Libertad», programada para el 1 de octubre, el activista, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., dijo que los migrantes están obligados a realizar estas actividades por la falta de atención de las autoridades migratorias mexicanas, a quienes responsabiliza de provocar la crisis humanitaria que obliga a miles de personas a salir caminando del país.
Dijo que los migrantes en situación vulnerable enfrentan extorsiones para acceder a servicios básicos de regularización. Entre los abusos denunciados, se incluyen cobros ilegales por ingresar a oficinas, obtener constancias, grabar entrevistas y, en casos más graves, por asegurar una resolución positiva a sus solicitudes de refugio.
Señaló que el acceso al proceso migratorio puede costar hasta 8 mil pesos, mientras que una resolución favorable o una residencia permanente puede alcanzar los 45 mil pesos. Se está cobrando a gente que no tiene nada, ni para pagar un abogado. Es una mafia institucionalizada, denunció.
También acusó al INM de no aplicar el Artículo 52 de la Ley de Migración, que establece mecanismos de protección para personas vulnerables, solicitantes de refugio y víctimas de delito.
Esta omisión señaló ha convertido a Tapachula en un cuello de botella donde miles de personas quedan atrapadas sin alternativas legales para movilizarse.
Lo que realmente está impulsando las caravanas no es un deseo de romper la ley, sino el abandono institucional. El gobierno federal ha provocado este éxodo al cerrar todas las vías legales, afirmó.
Ante este panorama, Villagrán solicitó la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la entrega de Formas Migratorias Múltiples (FMM) y visas humanitarias a personas que caminan por la frontera sur, especialmente mujeres y menores de edad.
Asimismo, hizo un llamado al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, para que escuche directamente a la comunidad migrante y no se limite a recibir informes de funcionarios “corruptos e insensibles”.
Finalmente, el activista denunció que ha sido objeto de amenazas por parte del INM y que su libertad de expresión ha sido violentada por sus constantes denuncias públicas. EL ORBE/Nelson Bautista
