Por Ernesto L. Quinteros
Amaga INE con Sancionar Actos Anticipados de Campaña
En teoría, el proceso electoral rumbo a 2027 iniciará formalmente hasta septiembre, cuando el Instituto Nacional Electoral instale el Consejo General y marque el arranque legal de una nueva contienda. Sin embargo, en la práctica, la carrera política ya comenzó desde hace meses, y lo hizo bajo un esquema que pone en entredicho la equidad que tanto se presume en el discurso oficial.
No es ningún secreto que diversos actores políticos —principalmente de la fuerza gobernante— han acelerado los tiempos. Bajo el argumento de “posicionamiento” o “trabajo territorial”, lo cierto es que se han desplegado estrategias que, en los hechos, se traducen en actos anticipados de campaña: promoción personalizada, presencia constante en territorio con tintes electorales y una narrativa cuidadosamente construida para mantenerse en la mente del electorado.
Pero hay un elemento aún más revelador: las encuestas. Hoy, la definición de candidaturas parece estarse cocinando a través de mediciones mensuales, ejercicios que, aunque no son ilegales en sí mismos, sí representan una ventaja clara para quienes tienen los recursos para financiarlas. Y aquí es donde surge la pregunta incómoda: ¿quién paga esas encuestas? Porque realizarlas de manera constante no es barato, y mucho menos cuando se convierten en el principal filtro para decidir quién compite y quién no.
El problema no es solo político, es profundamente estructural. Cuando una fuerza —especialmente la que gobierna— utiliza su posición para adelantarse en la carrera, rompe el principio básico de toda democracia: la equidad en la contienda. Y si a eso se suma la falta de sanciones oportunas, el mensaje es claro: violar la ley no tiene consecuencias.
Desde las juntas distritales del propio Instituto Nacional Electoral ya se ha reconocido la existencia de denuncias por actos anticipados. Incluso, algunos casos han derivado en determinaciones administrativas. Sin embargo, la percepción ciudadana es que las acciones del árbitro electoral siguen siendo tibias frente a una realidad cada vez más evidente.
Hay que decirlo: el INE, por el momento, solo ha amagado con sancionar los actos anticipados de campaña. Y nada más.
El riesgo de esta permisividad es alto. Si las reglas se vuelven flexibles para unos y rígidas para otros, el proceso pierde legitimidad antes de comenzar. Y cuando la confianza ciudadana se erosiona, no solo se afecta la política, también se golpea la estabilidad social y económica. Inversiones, gobernabilidad y desarrollo dependen, en gran medida, de instituciones sólidas y procesos creíbles.
Hoy, más que nunca, el árbitro electoral está obligado a actuar. No basta con monitorear o emitir llamados; es momento de aplicar la ley con firmeza. Sancionar a quienes se adelantan, sin importar su afiliación, es la única manera de garantizar un piso parejo.
Porque si la contienda ya empezó —aunque no oficialmente—, entonces también deben empezar las consecuencias. De lo contrario, llegaremos a 2027 con una elección decidida no en las urnas, sino en la ventaja indebida de quienes jugaron antes… y sin reglas.
EL PRI Copia Estrategia de MORENA
Hablando de actos anticipados de campaña, el PRI ya le copió la estrategia a MORENA y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, anunció que cuatro de sus cuadros políticos comenzarán a recorrer los diferentes estados y municipios del país bajo la figura de “defensores”, con el objetivo de fortalecer su estructura de cara al próximo proceso electoral.
La encargada de este trabajo será Rosario Robles, exfuncionaria federal y exaliada política de quien todos conocen, quien incluso estuvo detenida por dos años por el caso denominado “La Estafa Maestra”. Además, conoce a profundidad los cuadros políticos de Morena. Así que veremos.
Por hoy, ahí la dejamos. Nos leemos mañana. ¡Ánimo!
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