La Frontera Sur: Entre el Contrabando, la Tolerancia y los Operativos de Ocasión
Ernesto L. Quinteros
Por años, el comercio irregular ha formado parte de la vida cotidiana en Suchiate y en buena parte de la frontera sur. Por eso, el operativo del SAT, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina no sorprende; lo que sí genera preguntas es por qué las autoridades actúan de manera intermitente frente a un fenómeno que todos conocen, todos observan y que, en muchos casos, parece operar a plena luz del día.
Hay que decirlo con claridad: el contrabando y la mercancía de dudosa procedencia no son algo nuevo en esta región. Mucho menos en el municipio de Suchiate, donde existe un intenso intercambio comercial de productos de todo tipo que ingresan a México desde Centroamérica y, en sentido contrario, también salen mercancías hacia los países vecinos.
La frontera sur tiene una dinámica propia. Aquí el río Suchiate no solamente divide territorios; también representa una ruta histórica de intercambio comercial, de movilidad humana y de actividades económicas que, durante décadas, han rebasado los controles oficiales.
El problema es que, mientras para miles de familias el comercio de productos de bajo costo representa una forma de sobrevivir, para los comerciantes establecidos significa una competencia que consideran desleal.
Ellos pagan impuestos, rentas, salarios, permisos, servicios y cumplen -o intentan cumplir- con una serie de obligaciones que elevan sus costos de operación.
En cambio, quienes introducen y comercializan mercancías sin acreditar plenamente su origen o sin cumplir con las disposiciones fiscales y aduaneras pueden ofrecer precios más bajos. Y ahí es donde surge una de las grandes contradicciones de la frontera: el consumidor busca el precio más económico porque su bolsillo no alcanza, pero el comerciante formal reclama que esa misma dinámica está destruyendo sus negocios.
Ambas realidades existen y no pueden ignorarse.
Por eso, los operativos como el realizado este miércoles en el centro de Suchiate son necesarios cuando existen indicios de irregularidades. El Estado tiene la obligación de combatir el contrabando, proteger la recaudación fiscal y garantizar condiciones de competencia equitativas.
Pero también es válido preguntar: ¿qué ocurre después del operativo?
Porque si únicamente se decomisa mercancía, se cierran algunos establecimientos y se genera temor entre los comerciantes, pero después de unos días todo vuelve a la normalidad, entonces el problema no se resuelve. Simplemente se administra por momentos.
La frontera sur no necesita únicamente operativos espectaculares. Necesita una estrategia permanente, coordinada y transparente.
Una estrategia que vaya desde la vigilancia de los puntos de ingreso hasta la supervisión de los centros de distribución y los establecimientos donde finalmente se comercializan los productos. Porque resulta difícil creer que una mercancía pueda atravesar una frontera, recorrer determinados trayectos y llegar hasta los puntos de venta sin que nadie sepa cómo ingresó.
Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿quién permite que el contrabando llegue hasta los mercados y comercios? ¿Quién gana con esta actividad? ¿Quién la tolera? ¿Quién se beneficia?
Porque sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre los pequeños comerciantes o sobre las familias que buscan adquirir productos más baratos, cuando detrás de las grandes redes de introducción de mercancía puede existir una estructura mucho más amplia y organizada.
La aplicación de la ley debe ser pareja. No puede existir una política de mano dura para el pequeño comerciante y tolerancia para quienes controlan las rutas, la distribución y los grandes volúmenes de mercancía.
La frontera sur no puede seguir viviendo entre la tolerancia, la omisión y los operativos de ocasión.
Si el Estado sabe que el problema existe -y evidentemente lo sabe-, la pregunta ya no es si debe actuar. La pregunta es por qué no lo ha hecho de manera permanente y de fondo.
Por hoy ahí la dejamos.
Nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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