La Tragedia que se Vende por Lotes en las Márgenes del Coatán
Ernesto L. Quinteros
En Tapachula pareciera que la memoria tiene fecha de caducidad. Apenas han transcurrido poco más de dos décadas de una de las peores tragedias naturales que ha vivido la región y, sin embargo, las lecciones del huracán Stan parecen desvanecerse frente al negocio de la necesidad.
Hoy, las márgenes del río Coatán vuelven a convertirse en el escenario de invasiones, rellenos clandestinos y venta irregular de terrenos. No se trata únicamente de un problema de orden urbano o de un conflicto por la propiedad de la tierra; estamos frente a una bomba social que, de no atenderse, podría traducirse nuevamente en pérdidas humanas y millonarios daños económicos.
El fenómeno tiene varias caras. Por un lado están quienes, aprovechándose de la pobreza y la falta de oportunidades, convierten las zonas federales en un lucrativo negocio. Venden terrenos sin documentos, sin servicios, sin certeza jurídica y, peor aún, ubicados en áreas de alto riesgo. Obtienen ganancias inmediatas mientras trasladan toda la responsabilidad a familias que, con esfuerzo, invierten el patrimonio de toda una vida.
Pero también existe otra realidad que no puede ignorarse: la enorme necesidad de vivienda. Miles de familias en Tapachula no tienen acceso a un lote regularizado ni a créditos suficientes para adquirir una casa. Esa carencia abre la puerta a los llamados «vendedores de ilusiones», quienes ofrecen terrenos baratos sin advertir que, durante una creciente extraordinaria del río, ese patrimonio puede desaparecer en cuestión de horas.
El costo económico de permitir estas invasiones es mucho mayor que el de prevenirlas. Cada asentamiento irregular implica futuras inversiones públicas en agua potable, drenaje, electrificación, pavimentación, escuelas y servicios de emergencia. Recursos que terminan destinándose a colonias que, por ley, nunca debieron existir.
A ello se suman los gastos multimillonarios que representa atender desastres, reconstruir viviendas, indemnizar pérdidas y reubicar a familias cuando la naturaleza reclama el espacio que nunca dejó de ser suyo.
La experiencia del huracán Stan sigue siendo una advertencia vigente. Colonias enteras desaparecieron bajo la fuerza del agua. Muchas familias jamás recuperaron su patrimonio y otras todavía arrastran las consecuencias económicas y emocionales de aquella tragedia. Ignorar ese antecedente sería una irresponsabilidad institucional.
Por ello resulta indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen de manera coordinada. La Comisión Nacional del Agua debe proteger las zonas federales; Protección Civil tiene la obligación de identificar y prevenir riesgos; Desarrollo Urbano debe impedir nuevas construcciones ilegales; y la Fiscalía investigar a quienes lucran mediante la venta fraudulenta de terrenos.
Sin embargo, la solución no puede limitarse a desalojos o sanciones. También debe existir una política pública seria de vivienda social, con reservas territoriales suficientes y opciones accesibles para las familias de menores ingresos. Mientras la necesidad continúe siendo mayor que la oferta legal de suelo urbano, siempre habrá quien haga negocio con la desesperación.
Permitir que continúe la invasión de las márgenes del río Coatán no solamente significa violar la ley; significa sembrar las condiciones para una futura tragedia anunciada. Gobernar implica prevenir, no reaccionar cuando ya es demasiado tarde.
Porque cuando el agua vuelva a crecer, quienes hoy obtienen ganancias probablemente ya no estarán ahí. Los que enfrentarán la corriente serán las familias que creyeron haber comprado un patrimonio, cuando en realidad adquirieron un riesgo. Y entonces, una vez más, la sociedad terminará pagando el costo de una omisión que pudo evitarse.
Por hoy ahí la dejamos.
Nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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