• Una persona identificada como Magdalena, presuntamente hija del donador original, ha iniciado un nuevo proceso para reclamar la propiedad; señalan.
Tapachula, Chiapas; 29 de abril de 2026.- La incertidumbre vuelve a golpear a la comunidad educativa de la Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza, ubicada en la colonia Nueva 18 de Octubre, donde padres de familia y vecinos denuncian un presunto intento de despojo del terreno que ha albergado al plantel por más de cuatro décadas.
De acuerdo con testimonios de habitantes, el predio fue donado hace más de 41 años por un particular durante una asamblea comunitaria, en presencia de autoridades de la época, lo que permitió la consolidación de este espacio educativo que hoy beneficia a cientos de niñas y niños. Sin embargo, pese a su función social y a los años de operación ininterrumpida, el terreno vuelve a ser objeto de disputa legal.
Señalan que una persona identificada como Magdalena, presuntamente hija del donador original, ha iniciado un nuevo proceso para reclamar la propiedad. Lo que genera mayor inconformidad es que, según los vecinos, este conflicto ya había sido resuelto anteriormente a favor de la escuela, lo que pone en duda la certeza jurídica de las decisiones y la protección institucional hacia espacios educativos.
Para los padres de familia, la situación no solo representa un litigio más, sino una amenaza directa al derecho a la educación de sus hijos. Consideran inadmisible que, después de más de 40 años de servicio, una institución pública pueda quedar en riesgo por vacíos legales o falta de seguimiento por parte de las autoridades.
Desde un enfoque social, el caso evidencia la fragilidad con la que operan algunos espacios educativos en zonas populares, donde el crecimiento urbano y la falta de regularización de predios terminan generando conflictos que afectan directamente a la niñez. En lo económico, también implica posibles costos adicionales para las familias y el sistema educativo en caso de reubicaciones o interrupciones en las actividades escolares.
Ante este panorama, la comunidad exige la intervención inmediata de las autoridades educativas y agrarias para garantizar la permanencia del plantel y evitar que un espacio destinado a la formación de generaciones enteras quede a merced de disputas legales. La demanda es clara: certeza jurídica y respeto a un patrimonio que, más que un terreno, representa el futuro de la comunidad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.
