Laura Jiménez, Enviada
En México, los conflictos y la violencia han desplazado a 9 mil 700 personas, sólo de Enero a Diciembre de 2020. La cifra de afectados, unos 357 mil desde que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Forzado Interno comenzó a medir el fenómeno en 1998, es parte de su reporte global 2021.
Especialistas en el tema plantean que los más vulnerables son los menores de edad.
Para la organización Save the Children, esta problemática tiene afectaciones en todas las esferas de la vida, como la integridad física, sicológica y emocional.
«Los niños son expuestos a estrés postraumático y esto puede afectar su desarrollo, por estas situaciones de violencia e inestabilidad», dice a EL UNIVERSAL José Lugo, especialista en migración de Save the Children.
«Los niños están siendo retados a diferentes entornos en los que constantemente son defraudados, este sentimiento de pérdida, impotencia y frustración en cada etapa va deteriorando su capacidad de resiliencia.
«Muchos son resilientes pero hay límites. Esto puede llevarlos al consumo de drogas o a acceder a otros tipos de violencias.
«En México no hay una cifra oficial sobre el desplazamiento forzado interno. La situación es muy compleja partiendo de esta vulnerabilidad que los hace salir de su lugar de origen (…) Hay un temor fundado a perder la vida, la integridad y la seguridad. Se convierten en personas refugiadas», expresa el especialista.
El IDMC, con sede en Ginebra, Suiza, es una organización internacional especializada en el desplazamiento forzado interno y tiene colaboración con México desde Julio de 2019.
El trabajo conjunto en esta materia busca un mejor entendimiento del fenómeno mediante la sistematización de datos y la visibilización de la problemática, para así poder atender recomendaciones internacionales basadas en los impactos y los contextos de los países.
A nivel mundial hay 48 millones de personas desplazadas como resultado de los conflictos y la violencia en 59 países.
El centro de monitoreo refiere que la violencia en México y los enfrentamientos continuaron a pesar de la pandemia, lo que llevó a cierta población a abandonar sus hogares.
«Los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación [CJNG] y La Familia Michoacana, en Guerrero, provocaron alrededor de 2 mil 300 desplazamientos entre enero y febrero, dejando comunidades despobladas. Fue el mayor evento de desplazamiento del año», indica el documento del IDMC.
Se menciona que los grupos criminales buscaron expandir sus actividades y los Estados más afectados fueron Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
Los eventos de desplazamiento informados por los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil tuvieron lugar en zonas rurales que han sido afectadas por la violencia, lo que ha provocado que, con frecuencia, la capital y el Estado de México alberguen a un número considerable de la población desplazada, y esto se puede observar en el Censo 2020.
Percepción Generalizada.
En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi se dio a conocer que durante los primeros meses de 2021, 66.4% de la población de 18 años y más consideró que, en términos de percepción de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.
En la edición 2020 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) se estima que a nivel nacional hay 22.3 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 24 mil 849 afectados por cada 100 mil habitantes. La violencia y la inseguridad son detonantes de las movilizaciones forzadas.
En México, la intención de reducir el riesgo de desplazamiento y buscar erradicar las acciones violentas que llevan a las familias a huir para preservar su integridad ha quedado plasmado en la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, pero la intención no ha pasado a la acción.
Brenda Gabriela Pérez, especialista en desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que la situación puede llevarse a cabo de forma gradual y gota a gota, pero en estos momentos el detonante es el mismo: la violencia a nivel nacional.
«Un millón 300 mil personas cambiaron de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia. Tenemos aproximaciones del desplazamiento forzado interno, pero hoy en día no necesariamente son suficientemente representativas del contexto».
La comisión considera en sus registros los movimientos de desplazamiento forzado que ocurrieron de 2006 a la fecha. «Hemos identificado varias entidades que son frecuentemente afectadas por este tipo de desplazamientos masivos; se podría decir que históricamente hay dos que están en los primeros lugares: Guerrero y Chiapas. Sin embargo, se sumarían Chihuahua, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa».
La especialista considera que no hay suficiente información sobre las afectaciones de la población desplazada. «No tenemos datos que nos puedan decir cuántas de estas personas han sido vulneradas por el desplazamiento. No hay información desagregada, por lo cual no podemos conocer cuál es realmente el impacto profundo.
«En la información que hemos documentado son muy graves las afectaciones entre los niños y adolescentes, sobre todo porque se interrumpe su vida y hay un rezago educativo.
«Hay un tema de violencia que antecede el desplazamiento y es la pérdida de algún miembro de la familia o hay una amenaza de por medio, eso está trastocando la salud mental de los niños y de las niñas, más el hecho de huir para no ser reclutados por los grupos criminales». Sun
