Catalina Pérez Correa
Hace unos días, el presidente López Obrador anunció que hay tres reformas constitucionales que desea impulsar en la segunda mitad de su Gobierno.
Una de ellas es la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El anunció no es una sorpresa. Desde su creación, López Obrador se aseguró que la Guardia Nacional fuera una institución -de facto- militar.
Como ha mostrado Arturo Ángel, de Animal Político, 7 de cada 10 elementos de la Guardia son militares y más de 80% carece de un certificado policial (es decir, no cuentan con una evaluación que de fe de que quienes se ostentan como policías tienen capacidad para realizar ese trabajo). Los mandos de la Guardia son militares como también lo es su armamento y las instalaciones. Con la reforma constitucional anunciada, el Presidente estaría legalizando y haciendo permanente lo que hoy sucede en flagrante violación a la Constitución.
Nuestra Constitución es clara: la Guardia Nacional es una institución civil (art. 21) y los militares no pueden realizar tareas ajenas a la disciplina militar (art. 129). Pero al igual que los Gobiernos anteriores, López Obrador ha usado -y abusado- de las fuerzas armadas dándoles funciones -en seguridad pública y Gobierno- que van más allá de sus facultades y competencias.
La discusión que hoy tenemos recuerda a las que hubo cuando se propuso la Ley de Seguridad Interior. En ese entonces, el argumento de quienes proponían la Ley era que los soldados ya estaban realizando las tareas de seguridad pública y que no había policías civiles suficientes o confiables para hacer frente al problema de violencia e inseguridad que vivíamos en el país. La Ley, decían, permitiría regular lo que sucedía de facto. No importaban los peligros de tener a militares armados haciéndola de policías, para la ciudadanía, la tropa o el equilibrio del poder cívico-militar. El Congreso de entonces aprobó la Ley, autorizando la permanencia de los militares en las calles. Así se despidió Peña Nieto de la administración.
López Obrador también quiere cerrar su Gobierno con una regulación para mantener a los militares en las calles y transformar el fin de las fuerzas armadas. 5 años no alcanzaron para que la militarización de la seguridad pública trajera el fin de la violencia. Tampoco alcanzaron los 12 anteriores, aunque sí trajeron más desapariciones, homicidios y violencia. Al invalidar la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte señaló que la Constitución prohíbe que los militares sean policías. Por eso, ahora debemos reformarla y así asegurar 100 años más de policías militares y de despliegues federales.
La Guardia Nacional tiene 44 facultades entre las que está prevenir e investigar delitos, vigilar aduanas y puertos, detener personas, inspeccionar documentos. De facto, hoy es el ejército el que lleva a cabo estas tareas. Con la reforma quedarían de manera permanente en manos de los militares. No se trata de un simple cambio cosmético ni de una reforma que nos empuja a continuar indefinidamente con la estrategia de seguridad errada, sino de un cambio en nuestra forma de Gobierno. Lo que se propone es pasar abiertamente a un Estado en el que los militares pueden espiarnos, investigarnos, detenernos, vigilarnos, sin control civil. De darse, este cambio sería el más relevante del Gobierno de López Obrador. Sun
