Alonso Chávez Landeros
Con un despliegue nunca visto de fuerzas federales -en un intento por detener el avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación y su confrontación con el de Sinaloa-, la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador abre nuevas heridas en la entidad, donde aumentan las desapariciones, desplazamientos forzados, así como las denuncias por detenciones arbitrarias y otros abusos.
El gobernador morenista David Monreal Ávila y las autoridades federales consideran la estrategia de seguridad -denominada Zacatecas II y puesta en marcha el 25 de Noviembre-, como un éxito, mientras los alcaldes de Fresnillo, Saúl Monreal -hermano del Gobernador-, y de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, han cuestionado su eficacia de manera abierta.
Para el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Nahle García, es “muy complicado” que el clima de inseguridad y sus impactos disminuyan; incluso advierte que los resultados dependen de que “gane un cártel u otro; o cuando se pongan de acuerdo entre ellos”.
La aparente disminución de los homicidios dolosos, presumida por los Gobiernos Federal y Estatal durante los primeros 25 días del operativo, contrasta con el incremento de desapariciones de personas, algunas incluso han sido sacadas con violencia de sus hogares; otras, raptadas en retenes instalados por pistoleros en carreteras y terracerías.
Asimismo, agentes de la Guardia Nacional y del Ejército han llevado a cabo detenciones, lo que pone en entredicho la actuación de esas corporaciones.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de enero a noviembre de 2021 aumentaron las quejas contra ambas instancias por violación a derechos humanos: nueve quejas contra la Guardia Nacional y otras tantas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En 2021 en Zacatecas también hubo un embate inédito de desapariciones. Desde mediados de Noviembre, las fichas de búsqueda de personas desaparecidas emitidas por la Fiscalía de Justicia local comenzaron a inundar las redes sociales con fotos de mujeres y hombres jóvenes y adultos mayores.
Hasta el 22 de Diciembre, una consulta a la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), arroja 804 personas en esta calidad en ese año, más del doble que las registradas en durante 2020 (338).
Políticas Contradictorias.
El activista Ricardo Bermeo Padilla, vocero de tres organizaciones de familiares de desaparecidos en el Estado -Familias Unidas en Busca de Esperanza, Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, así como Amor, Esperanza y Lucha- sostiene que la falta de investigación del contexto en que ocurren las desapariciones impide saber qué las motiva.
Ese análisis debería hacerlo la Comisión Local de Búsqueda de Personas, pero está prácticamente desmantelada. Por falta de presupuesto, dice, fueron despedidos en septiembre 23 trabajadores, más de la mitad de su personal, entre arqueólogos, antropólogos forenses, criminólogos y demás personal especializado en búsqueda de desaparecidos.
El Gobierno Estatal optó por transferir a la Comisión a “policías estatales que fueron escoltas de funcionarios del pasado gobierno, e incluso de la familia del exgobernador Alejandro Tello”, comenta un funcionario del Gobierno de David Monreal, quien pide omitir su nombre. La falta de personal y la inseguridad prevaleciente, agrega, obligaron a suspender esas búsquedas en campo desde principios de noviembre pasado.
Se desconoce también hasta qué grado las desapariciones se dan para reclutar a nuevos integrantes para el crimen organizado, dice; “tampoco estamos cerrados a esa hipótesis. Tiene mucho sentido lógico, porque es una manera de reclutamiento obligado, a fuerzas, incluso por amenazas a las familias y que se puede dar”, admite el fiscal.
En una lógica contraria a su discurso de combate a la inseguridad, el gobernador David Monreal recortó 41 millones de Pesos a la Fiscalía de Justicia y 35 millones al Poder Judicial en el paquete económico 2022, aprobado por la aplanadora morenista en el Congreso local.
El presidente del Poder Judicial, Arturo Nahle, reaccionó: “Si usted me pregunta ¿cómo se va a resolver (la inseguridad)? Primero, no va a ser bajando el presupuesto a las instituciones que se encargan de investigar y castigar los delitos.
“¿Con más presencia de la Guardia Nacional y del Ejército? Sí, Estas corporaciones generan un efecto disuasivo… Lo que puede finalmente aminorar este clima de violencia es cuando gane un cártel o el otro; cuando se pongan de acuerdo entre ellos. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir viendo asesinatos todos los días”. Apro
