Miguel Carbonell
En los meses y semanas recientes se ha producido un intenso debate sobre el papel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe jugar en el tema de protección de los derechos de las personas que enfrentan un proceso penal por la presunta comisión de uno o varios delitos.
Me parece que se trata de un debate sano para nuestro sistema democrático y que las críticas que se han expresado forman parte de las libertades que se deben ejercer.
Pero creo que, junto a tales críticas, debemos estar alertas sobre quiénes se las merecen en primer lugar.
La prisión preventiva es un instrumento de privación de la libertad muy delicado, porque recae en personas respecto a las que se formula una acusación o —como dirían los penalistas— una imputación de carácter penal, pero que gozan de forma inequívoca de la presunción de inocencia. Es decir, se trata de una medida en la que la persona es encarcelada pese a que todavía no ha recibido una sentencia que señale que es culpable de haber cometido un delito.
¿A quién se le debe reclamar la aplicación abusiva de la prisión preventiva? Seguramente los jueces tengan una parte de responsabilidad, pero los primeros y más directos violadores de derechos humanos son quienes integran el poder legislativo en el Congreso de la Unión. Fueron ellos los que, hace años, incorporaron al texto del artículo 19 constitucional varios supuestos de aplicación «automática» de la prisión preventiva y han sido los actuales legisladores los que luego de la elección de 2018 ampliaron hasta límites intolerables (y con el visto bueno del Presidente de la República), tales supuestos.
Si somos congruentes en nuestros reclamos que exigen la «excarcelación» de personas a las que se les presume inocentes, debemos dirigir las siempre legítimas quejas a esos irresponsables violadores de derechos humanos.
Estamos frente a una de las medidas más autoritarias, represivas y peligrosas que existen. Los daños que se pueden causar con la prisión preventiva son enormes y siempre irreparables.
Si los representantes populares tuvieran un poco de vergüenza enmendarían a toda prisa la Constitución y la ley para evitar que se sigan cometiendo abusos con la prisión preventiva. Aunque quizá sea pedirles demasiado. Sun
