Gloria Leticia Díaz
Organizaciones sociales exigieron a las autoridades de Nuevo León el esclarecimiento del feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, sancionar a los funcionarios que fallaron en su búsqueda, al pasar 12 días desde la denuncia de sus familiares hasta su localización, así como erradicar “el contexto de violencia feminicida” en la entidad gobernada por Samuel García.
Tras repudiar la desaparición y posterior feminicidio de Debanhi, en el municipio de General Escobedo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que las cifras oficiales colocaron a Nuevo León en el cuarto lugar a nivel nacional en casos de feminicidio y que este año ocupa el tercero.
Tomando como base datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la organización destacó que en 2021 se registraron 101 asesinatos de mujeres, de los cuales 66 fueron clasificados como feminicidios, en tanto que lo que va de 2022, han ocurrido 23 asesinatos de mujeres, 15 de ellos feminicidios.
En cuanto a desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) recibió mil 145 reportes por desaparición, de las cuales 265 mujeres, adolescentes y niñas siguen sin ser localizadas.
Para 2022, el RNPNO registró que Monterrey, Juárez y Guadalupe, “han sido los tres municipios con mayor índice de desapariciones”.
La organización recordó que en la búsqueda de la joven se localizaron a otras cinco mujeres reportadas como desaparecidas, cuatro de ellas menores de edad, entre el 15 y el 19 de abril.
El OCNF urgió a las autoridades estatales que “de manera urgente, eficaz y prioritaria generen acciones que prevengan, investiguen y sanciones los casos de mujeres desaparecidas en la entidad, priorizando las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el marco de la Alerta de Violencia de Genero para el estado”.
De manera particular, la organización pidió al gobernador Samuel García que reconozca la existencia de “una grave problemática de desaparición de mujeres, particularmente adolescentes, menores de edad y haga públicas las acciones que impulsará desde su gobierno a fin de atender la problemática de manera prioritaria”.
A la Fiscalía del Estado de Nuevo León, el OCNF urgió a investigar con perspectiva de género la desaparición y muerte de Debanhi, “a fin de sancionar a todas las personas que por acción u omisión contribuyeron a la materialización de la desaparición, asesinato y cualquier otra violación a los derechos de la joven”, en tanto que a la Comisión Estatal de Búsqueda se le conminó a diagnosticar sus fallas y al Grupo Inter y Multidisciplinario de la AVGM en Nuevo León, incorporar un “análisis sobre la situación de desaparición y emita medidas específicas para atender la problemática”.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Edth Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, advirtió que “el feminicidio de Debanhi no debe quedar impune”.
Tras solidarizarse con los familiares de la joven así como de los de “todas las víctimas de desaparición y feminicidio en México”, Olivares Ferreto exigió a las autoridades correspondientes que “investiguen y sancionen a quienes resulten responsables del feminicidio de Debanhi y a todas las servidoras y servidores públicos que cometieron deficiencias en la búsqueda de Debanhi”.
La organización alertó que de 2018 a lo que va 2022, 4 mil 16 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Nuevo León, fenómeno que ha ido agudizándose año con año, pues en 2018 hubo 770 reportes; en 2019, 927; en 2020, 779; el año pasado, mil 145, y en lo que va de 2022, hay 395 registros. De total, 926 mujeres siguen sin ser localizadas en ese periodo.
Amnistía Internacional recordó que en su informe “Juicio a la Justicia”, resalta que cuando se denuncia la desaparición de una mujer, “la debida actuación de las autoridades es fundamental para lograr encontrarla con vida y evitar su feminicidio”.
Asimismo, destacó que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de Mariana Lima y Karla Pontigo, determinaron que “cuando una mujer es localizada sin vida, es indispensable que las autoridades investiguen su muerte con perspectiva de género para indagar si se trata de un feminicidio”. Apro
