«El Sistema Político Permitió Participar a los Criminales»

En las últimas semanas surgió una crisis política y de inseguridad en distintos municipios de Guerrero. Los Alcaldes -y sus gobiernos- han sido el foco de esa violencia.
En varios puntos, la violencia estuvo acompañada de mensajes -a través de cartulinas dejadas entre los cadáveres y videos- que pusieron en evidencia los presuntos vínculos de alcaldes con organizaciones criminales.
Al respecto, el director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo a EL UNIVERSAL que al permitir que el dinero del crimen organizado se infiltrara en las campañas electorales se dejó a las autoridades municipales a merced de los delincuentes.
Pactos Siniestros.
«¿No es muy riesgoso que la tranquilidad del estado dependa de los acuerdos de las autoridades con las organizaciones criminales?», se le preguntó.
«Ese es el punto crítico de la nueva confirmación de los ayuntamientos. Antes eran cuotas de poder entre los partidos, ahora son cuotas con el crimen organizado.
«Estamos jugando con fuego, poniendo en riesgo la estabilidad política, que está sostenida con alfileres. El grave problema es que las campañas están financiadas por los grupos del crimen. Ese es el problema. El dinero de la delincuencia se ha metido en las campañas. Al meterse a las campañas automáticamente ya estás pactando, poniendo en bandeja de plata al ayuntamiento y los cargos públicos, y en ese momento la autoridad o el presidente municipal que está como candidato queda supeditado, cooptado. Hay pactos diabólicos, pactos siniestros que ponen en riesgo la tranquilidad, la convivencia entre los ciudadanos», dijo.
Las Amenazas.
A mediados de junio, el alcalde de Iguala, David Gama Pérez (PRI), ordenó el cierre del ayuntamiento y dejó a la población sin servicios.
La razón fue que comenzó a recibir amenazas que llegaron acompañadas de violencia: asesinaron a un trabajador del ayuntamiento y hubo ataques armados a oficinas gubernamentales y comercios. Fueron dos días de miedo y zozobra.
En esos mismos días, Taxco sufrió una situación similar: hubo cierre de negocios y suspensión del servicio de transporte público después de que atacaron tortillerías, asesinaron a un empleado del Gobierno Municipal, desaparecieron ocho policías municipales, al Director de Protección Civil y dejaron una granada de fragmentación en la puerta del ayuntamiento.
El 15 de junio, fue hallado el cadáver del dirigente de Copala del PVEM, Jesús González Ríos. Un día antes, en pleno centro, fue privado de su libertad por un grupo armado.
Mientras lo velaba, su familia difundió un video donde González Ríos acusaba a la edil de Copala, la perredista Guadalupe García Villalba: «Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala pueda poner a sus allegados».
El Director de Tlachinollan considera que esta crisis se está generando porque el sistema político ha permitido la participación del crimen organizado en las elecciones.
«Es sumamente peligroso, por eso decimos que esas grietas del sistema político están desquebrajando a las instituciones del Estado, y además el crimen, con su poder económico, está teniendo capacidad de cooptación entre los partidos políticos. Entonces, el candidato que garantice más votos es el que está teniendo el apoyo de la delincuencia, que está dispuesta a gastar dinero».
El Caso Chilpancingo.
Esta crisis se agudizó en Chilpancingo. La madrugada del 24 de junio, en el tradicional barrio de San Mateo, dejaron siete cadáveres desmembrados en la calle y en el cofre de una camioneta cinco cabezas humanas con dos mensajes: uno para la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), y el otro para el síndico Andrei Marmolejo Valle.
«Saludos, presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo», decía el mensaje.
La Alcaldesa lo negó. Días después circularon fotografías y un fragmento de un audio donde se ve y escucha a la Alcaldesa sostener un diálogo con un hombre que ha sido identificado como el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Luego, la ciudad se hundió en la violencia: cinco choferes fueron asesinados, dos fueron calcinados junto a taxis, y unos 3 mil pobladores de comunidades que integran el bastión de Los Ardillos tomaron por la fuerza la capital. La ciudad estuvo paralizada varios días. Sun