Laura Iturbide Galindo
Las cifras del presupuesto han inquietado a «propios y a extraños» y una verdad aflora, una reforma fiscal es impostergable y evitar el duro trance que otros experimentan, cuando dicen «no hay plata».
Esto, entre muchas razones, porque los requerimientos del sector público crecerán de manera importante, casi 40% (estos solo comparables recientemente con el de 1989: 5.4% vs. 5.7% del Producto Interno Bruto) y si bien el déficit público en relación a la deuda no luce desproporcionado (49% del PIB en 2024, de acuerdo a Criterios Generales de Política Económica), si se mira en relación a la baja recaudación tributaria del país relativa a otros países ( menor a 17% del PIB, la mitad de Brasil y en la parte baja de la tabla de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo a sus estadísticas ), la holgura para atender obligaciones fiscales es estrecha. Aún más los especialistas opinan que esta proporción en nuestro país deuda pública /PIB por nuestra capacidad de pago, no debería pasar de 38% del PIB y que incluso, ya estaba elevada cuando inició el actual gobierno (44% del PIB).
Asimismo, el espacio fiscal (recursos sobrantes después de descontar los gastos inevitables) es muy reducido (2.8% del PIB en 2018) se ha estrechado más (0.9% esperado en 2024), lo que nos acerca «peligrosamente» a una cifra negativa.
Dicho esto, los espacios se cierran al haberse postergado una reforma fiscal profunda, necesaria desde tiempo atrás, por destino del gasto público no necesariamente de la manera más eficiente y porque los gastos ineludibles como, por ejemplo, el de las pensiones ha venido creciendo no sólo por un crecimiento de la población mayor a 65 años, pero también por su monto. Claro, agravado aún más por un aumento de la deuda, haciendo que el servicio de esta crezca; dicho sea de paso, otro de los gastos inevitables (de hecho, en 2024, tendremos el costo más elevado del servicio de la deuda desde 1990, casi 1.3 billones de pesos).
Y los pasivos aumentan cuando internamente las finanzas no dan (Pemex, deuda pública y pensiones y jubilaciones representan ya una elevada carga). Los otros caminos, no son menos penosos: disminuir el gasto y/o reducir la inversión pública. El más sencillo es el segundo, por eso muchos países emproblemados fiscalmente, optan por ello. Justo cuando necesitamos más obra pública en infraestructura para poder beneficiarnos del «momento» llamado nearshoring y cuando hay situaciones apremiantes como el estrés hídrico en el país, que no pueden esperar.
Los ingresos mermados no se pueden compensar indefinidamente con menos gasto y más deuda. Además, un deterioro de las finanzas públicas conduce a degradaciones crediticias que van a contrapelo de la lucha antiinflacionaria.
Ya sabemos que significa una crisis de déficit público descontrolado y de deuda creciente, los setenta y ochenta nos las recuerdan. La estabilización, implicó varias reformas estructurales y muchos sacrificios. La próxima administración tendrá que poner entre las prioridades de su agenda la urgencia de poner orden en las finanzas públicas (de hecho, se ha empezado a revivir la idea de un Consejo Fiscal). Empezando por un análisis profundo en qué se gasta y cómo se hace, haciendo frente al tema de la informalidad y desde luego a una reforma fiscal, que ya sabemos no es «taquillera» y que requiere liderazgo y valentía, por decir lo menos. Sun
