Ministra Piña Ordena Investigar a Excolaboradores de Zaldívar

Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó una investigación contra excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
Las acusaciones presentadas apuntan contra Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es señalado de presuntamente ejercer presión, extorsión y amenazas contra Jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, indicaron fuentes judiciales.
En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los Jueces y Magistrados.
De igual forma, se señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
La denuncia también señala que el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
En consecuencia, «ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados», refiere la denuncia.
«En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados…», agrega.
En la denuncia también se señala al exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval y al ahora magistrado, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien como juez de control del Reclusorio Sur dictó prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la «Estafa Maestra».
Arturo Zaldívar ve «Revancha Contra la 4T» Ante Investigación.
Luego de darse a conocer que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, ordenó investigar a excolaboradores de Arturo Zaldívar tras una denuncia anónima, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, el ministro en retiro señaló que hay intencionalidad política.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Arturo Zaldívar aclaró que a partir del martes circuló en redes sociales una supuesta denuncia anónima y dijo que admitirla sin pruebas «es algo inédito y muy grave».
«Filtrarla a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial», añadió el expresidente de la Corte.
«Inopinadamente el miércoles, la ministra presidenta de la Corte admite a trámite esta queja, violando toda la normatividad y todos los precedentes, la regla que se ha venido imponiendo, incluso en la administración de la ministra Piña es que las quejas anónimas o que no aportan pruebas, pues no se admiten, incluso se desechan.
«Incluso hay una jurisprudencia tratándose de los ministros de la Corte de que hay un principio de presunción de inocencia y de buena fe; es decir, que quien denuncia, quien se queja tiene que aportar las pruebas. En este caso, curiosamente se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras con el único delito de que sus criterios en algunos casos fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el Gobierno del presidente López Obrador», indicó.
«A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar», agregó al mencionar que estas quejas deben tratarse con secrecía.
También señaló que se trata de una «cacería de brujas» y «una especie de inquisición».
«Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado y entonces tratan de hacer este tipo y golpes muy bajos, y me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial»,
Ante la apertura de la investigación, dijo que se tendrá que dar garantía de audiencia a todas las personas que señalan. Nosotros haremos nuestra defensa, advirtió. Sun