Jorge Gaviño
En la conferencia mañanera del día de ayer, fue presentado el incremento a los salarios mínimos para el 2025, que corresponde a más del 11%, respecto de los aprobados para este año que aplican para la Zona Libre de la Frontera Norte, pasando de 374.89 a 419.88 Pesos diarios, así como el mínimo general aplicable en el resto del país, de 248.93 a 278.80 Pesos, también se dio a conocer un incremento general de 12% para los salarios profesionales.
Dicho aumento continúa revelando la política económica redistributiva implementada desde la anterior administración y que continúa en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha sido un factor fundamental para reducir la pobreza extrema de la población, e incrementar el poder adquisitivo de las personas que tienen menores ingresos, con lo que se cumple de mejor forma el derecho humano de las personas trabajadoras a percibir un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas y de su familia, tal como lo consagra la fracción VI de apartado A del artículo 123 Constitucional.
Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido fueron los primeros países en introducir este concepto que tiene como objetivo reducir la desigualdad económica entre trabajo y capital. Durante la mayor parte de los gobiernos neoliberales, se sostuvo, de forma infundada, que los aumentos al salario mínimo solamente provocarían un aumento descontrolado de la inflación, y que, si se incrementaban sobre los niveles de esta, se generaría una grave crisis económica.
Desafortunadamente, estas falsedades provocaron que por casi 50 años los salarios mínimos decrecieran sexenio tras sexenio, teniendo su punto más crítico en el periodo de 1989 a 2017, donde el poder adquisitivo se redujo a niveles históricos, provocando que algunos de los trabajadores con menos ingresos llegaran a la indigencia.
En el 2018, el salario mínimo general era de 88.15 Pesos promedio y hoy se tiene un incremento que supera el 300% sin provocar los efectos adversos vaticinados por el prian que argumentaban que, en caso de realizar aumentos significativos al salario mínimo, este dispararía la inflación afectando a los que menos tienen.
Una de las medidas que fueron propuestas por el sector obrero y que contribuyeron para recobrar el valor del salario mínimo, fue la desindexación que se hizo en enero de 2016, con lo que dejó de ser el valor de referencia en diversas leyes para calcular créditos, multas, recargos y otro tipo de sanciones.
Además, el aumento en el nivel salarial tiene muchos beneficios, más a trabajadoras y trabajadores, pues ello tiene un efecto en el incremento al salario base de cotización que es registrado ante el IMSS, lo cual les arroja una mayor cuota a sus aportaciones de seguridad social. Estos aumentos son reales y palpables para las personas trabajadoras. En el IMSS se registró un incremento porcentual del 23.2% del salario base de cotización promedio, mientras que para la zona fronteriza fue de 40.1%.
Todo esto ha sido también producto de las propuestas, estudio y consenso de los sectores obreros y empresariales del país; su trabajo y compromiso conjunto, aunado a la estrategia gubernamental, ha permitido que pueda recuperar de forma gradual el poder adquisitivo de los trabajadores. El aumento al salario mínimo debe seguirse presentando de forma constante, por encima de la inflación, con un consenso de los sectores productivos, a fin de que siga contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad, lo que se traducirá en una mayor prosperidad social.Sun
