En sus primeros seis meses de mandato, el actual gobierno de Estados Unidos ha implementado una política migratoria más restrictiva y deshumanizante en años, abandonando a cientos de miles de personas que buscaban asilo en ese país y dejándolas varadas en peligro en México y Centroamérica, según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).
Aunque se desconoce el número de migrantes, posiblemente cientos de miles se han quedado varados especialmente en México, señala el informe RECHAZADOS: El devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central.
Dicha política implicó el retorno forzado de migrantes y la restricción de sus movimientos. Agentes del orden público y autoridades migratorias de toda la región han desmantelado campamentos y asentamientos, cerrado estaciones de recepción y disuelto concentraciones masivas en espacios públicos.
También han llevado a cabo redadas, detenido arbitrariamente a personas, aumentado el patrullaje y otras medidas de seguridad, y han vuelto más complejos y restrictivos los trámites burocráticos, incluida la solicitud de asilo.
A menudo, señala MSF, las personas carecen de los recursos económicos para regresar a casa o no pueden hacerlo porque los factores que los obligaron a huir persisten: las crisis políticas y económicas en Venezuela y Cuba, el conflicto en ciertas regiones de Colombia, la presión de los grupos criminales en Ecuador, el colapso del Estado en Haití o la exclusión política, la discriminación, la violencia o la falta de oportunidades que son parte de la realidad para muchos en países de América Latina, África y Asia.
En el sur de México y en la capital del país aumentaron las atenciones sicológicas tras un repunte de casos de ansiedad y depresión provocados por los abruptos cambios en la política migratoria en enero pasado.
El informe advierte que la violencia en la ruta entre el Darién y México ha sido muy alta y no ha cesado. Entre enero de 2024 y mayo de 2025 los equipos de MSF atendieron a casi 3 mil víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y brindaron casi 17 mil consultas individuales de salud mental, la mayoría de ellas motivadas por eventos violentos como tortura, secuestro, extorsión, robo, trabajo forzado y explotación sexual.
Además, muchos migrantes y solicitantes de asilo varados se han dispersado, ocultándose por miedo y estigma tras ser perseguidos repetidamente y etiquetados como delincuentes. Lo que disuade a algunas personas necesitadas de buscar ayuda y servicios básicos de entidades y organizaciones públicas.
«Estos cambios drásticos se han producido en medio de una extraordinaria reducción global en la financiación de la ayuda humanitaria, catalizada por la desfinanciación y el posterior cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la suspensión de la mayoría de los programas que apoyaba», explica.
Al regresar a la presidencia, Donald Trump declaró «emergencia nacional» en la frontera sur de Estados Unidos que permitió el despliegue de más fuerza militar. Esta política incluye planes para cumplir la promesa del «mayor programa de deportaciones» en la historia de su país.
Una característica clave de la estrategia de externalización de Estados Unidos es la asignación de fondos a otros gobiernos para implementar controles migratorios dentro de sus propias fronteras.
«Como resultado, las autoridades estadounidenses continúan expulsando a solicitantes de asilo de países como Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba a territorio mexicano, donde a menudo se les deja sin estatus legal, acceso a protección o redes de apoyo social. Estas prácticas contravienen muchos de los tratados internacionales de los que tanto Estados Unidos como México son signatarios», agrega. Sun
