Javier Martín Reyes
(Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker)
Ya hay Plan B. La presidenta Sheinbaum presentó su nueva iniciativa de reforma constitucional. No es una reforma inocente. No son detalles menores. Es una licencia para violar la imparcialidad presidencial y meterse de lleno en las elecciones intermedias de 2027. Se trata de una iniciativa centralista en su diseño, populista en su lógica, improvisada en su técnica.
Primer punto: Sheinbaum quiere meterse a la boleta en 2027. Hoy la Constitución establece que la revocación de mandato puede solicitarse tras el tercer año de gobierno y que la jornada no debe coincidir con las elecciones. La iniciativa elimina esa prohibición y fija la votación para el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. Implicación: la revocación podría empalmarse con la elección intermedia de 2027. La presidenta quiere convertir la renovación de la Cámara de Diputados en un plebiscito sobre su permanencia. Quiera una campaña permanente y un efecto de arrastre (para beneficiar a Morena).
Segundo punto: Sheinbaum se autoriza a hacer campaña por su propia permanencia, acorta la veda y desmonta los candados de neutralidad. La iniciativa le permite (textualmente) «difundir el proceso y promover el voto a su favor». ¿Con qué recursos? Con todos los que no sean propaganda «contratada»: mañaneras, giras, eventos oficiales, cobertura mediática. Todo eso quedaría permitido y, por si fuera poco, la veda de propaganda gubernamental se reduce: hoy abarca desde la convocatoria hasta el fin de la jornada; mañana, solo sesenta días antes. Más propaganda, durante más tiempo, con una presidenta constitucionalmente autorizada a hacer campaña. La presidenta no quiere «fortalecer» la revocación de mandato, quiere constitucionalizar la intervención gubernamental en las elecciones intermedias.
Tercer punto: Sheinbaum quiere diseñar los municipios desde Palacio Nacional y, de paso, limitar la paridad. La iniciativa fija un tope homogéneo para todos los ayuntamientos: una sindicatura y hasta quince regidurías. El mismo molde para Tijuana (casi dos millones de habitantes) y para Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca (con menos de 100). Eso no es austeridad republicana, sino centralismo disfrazado. Peor aún: la Constitución vigente ordena que los ayuntamientos se integren «de conformidad con el principio de paridad». La iniciativa borra esa referencia. Así el feminismo presidencial.
El centralismo no se detiene ahí. La iniciativa topa el presupuesto de los congresos locales al 0.7% del presupuesto estatal. Un porcentaje sacado de la manga, sin justificación técnica, sin diagnóstico, sin distinción entre el Estado de México y Tlaxcala. El transitorio congela cualquier incremento y declara «nulo de pleno derecho» cualquier acto en contrario.
Y el autogol: Sheinbaum dice que lo anterior es para «reducir privilegios» en estados y municipios que hoy gobierna… Morena. La austeridad mal entendida como coartada para ocultar las omisiones propias en el ámbito local.
Lo dicho: La derrota legislativa no moderó a Sheinbaum; la radicalizó. El texto final del Plan B lo confirma: si los límites constitucionales estorban, se reforman; si las elecciones intermedias preocupan, se intervienen a la mala. Todo en nombre del pueblo. Todo desde el poder. Todo para el poder. Sun
