Celia Marín Sasaki
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, el pasado 6 de abril, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá inmovilizar cuentas de ahorro o cualquier instrumento financiero, sin autorización judicial previa. Para muchos ahorradores el fallo pasó desapercibido, pero en despachos de abogados, juntas empresariales, así como tertulias de emprendedores, el tema ya es conversación obligada.
Recordemos que la UIF es la instancia encargada de recibir, analizar y diseminar información financiera para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
¿Por qué importa la decisión? Hasta ahora el bloqueo inmediato solo procedía a petición de un gobierno extranjero o por mandato de un juez. Con el nuevo criterio, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, podrá congelar fondos cuando detecte movimientos inusuales que huelen a riesgo, antes de que el dinero se esfume.
El razonamiento de la Corte es directo: proteger el sistema financiero es tan urgente que no admite la espera de un trámite judicial. La medida, dicen los ministros, no presume culpabilidad, solo paraliza los recursos mientras se demuestra su licitud, algo que en la práctica puede ser complejo y costoso, tras lo cual el afectado aún puede acudir al amparo.
El problema es la línea tenue entre prevención y el abuso, un bloqueo erróneo puede dejar a una empresa sin liquidez para pagar la nómina o bien a sus proveedores, y crece el temor a que la herramienta se utilice con fines políticos. Aun así, algunas organizaciones anticorrupción celebran la resolución, pues en históricos desvíos, la orden judicial llegaba cuando las cuentas ya estaban completamente vacías; el modelo exprés, se ha sostenido, frena la fuga y acelera la rendición de cuentas.
¿Y si la autoridad se equivoca? La teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado ofrece un camino: el afectado podrá demandar la indemnización si el congelamiento resulta ilegal, pero primero debe ganar el amparo que anule la orden y luego entablar la reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cargando con la prueba del daño, en un proceso que puede dilatarse varios años y exigir abogados y peritajes que muchos pequeños negocios o empresarios no podrán costear.
En última instancia, el país estrena una llave de seguridad para el combate de recursos ilícitos, que promete cerrarle el paso al dinero sucio con mayor eficiencia, pero también se corre el riesgo de dejar fuera a inocentes sin previo aviso; el reto será actuar con pulcritud, prontitud y transparencia; y, que los contrapesos —tribunales, legisladores y sociedad civil— respondan con igual rapidez para reparar, corregir y prevenir los abusos. Solo así, la nueva facultad será herramienta de confianza y no fuente de incertidumbre. Es tiempo de mujeres. Sun
