Cuando el Mar Destruye, pero ya no Existe el FONDEN
Ernesto L. Quinteros
La desesperación de los palaperos de Playa San Benito, en Puerto Madero, no es difícil de entender.
En cuestión de días, el fenómeno de mar de fondo arrasó con parte de su patrimonio, dañó al menos ocho palapas y dejó a decenas de familias en la incertidumbre económica. Lo que para muchos visitantes representa únicamente una afectación temporal al turismo, para quienes viven de esta actividad significa la pérdida de ingresos, empleo y sustento familiar.
Ante esta realidad, las amenazas de bloqueos carreteros no son otra cosa que el reflejo de una exigencia legítima de atención. Sin embargo, existe un aspecto que muchas veces no se explica con claridad a la población afectada: actualmente ya no existe en México un fondo federal específico destinado a responder de manera inmediata a desastres naturales, como ocurría durante años con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Durante décadas, el FONDEN fue el principal instrumento financiero para atender emergencias derivadas de huracanes, inundaciones, sismos, deslaves y otros fenómenos naturales. Su operación estaba regulada mediante reglas de operación, declaratorias de emergencia y procedimientos específicos que permitían liberar recursos para la reconstrucción de infraestructura pública y, en algunos casos, apoyar a la población damnificada.
En el sexenio anterior, el Gobierno Federal decidió desaparecer dicho mecanismo bajo el argumento de que existían actos de corrupción y discrecionalidad en el manejo de los recursos. La narrativa oficial sostuvo que los fondos serían administrados de manera más eficiente directamente desde la Tesorería de la Federación y que se eliminarían intermediarios que presuntamente lucraban con las tragedias.
Sin embargo, seis años después, persiste una interrogante incómoda: si el argumento central para extinguir el FONDEN era la corrupción, ¿dónde están los responsables? Hasta la fecha no existe un gran proceso judicial que haya derivado en sentencias ejemplares contra funcionarios o particulares que supuestamente desviaron miles de millones de pesos de este fondo. La acusación quedó instalada en el discurso político, pero sin consecuencias penales contundentes que la respalden.
Mientras tanto, las consecuencias de aquella decisión sí son visibles cada vez que ocurre una emergencia. Muchas comunidades afectadas continúan creyendo que existe un fondo económico listo para ser activado, cuando la realidad es distinta.
Hoy los apoyos dependen de otros mecanismos administrativos, de la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal, de programas específicos, y si es que hay recursos en ese momento de la tragedia.
En otras palabras, ya no existe una bolsa etiquetada y permanente como la que representaba el FONDEN. Ahora los apoyos deben gestionarse mediante procedimientos diferentes, lo que en muchos casos genera incertidumbre, retrasos y expectativas que difícilmente pueden cumplirse de manera inmediata.
Por ello, más allá de la legítima exigencia de los palaperos de San Benito, también es necesario que las autoridades informen con transparencia cuáles son los mecanismos vigentes para atender a los damnificados.
La falta de información alimenta la frustración social y provoca que muchos ciudadanos crean que existe un recurso retenido por voluntad política, cuando en realidad el esquema de atención cambió radicalmente desde la desaparición del FONDEN.
La tragedia que hoy viven las familias de Puerto Madero abre nuevamente un debate nacional que sigue pendiente: ¿fue correcto eliminar un instrumento financiero especializado para atender desastres naturales sin construir un mecanismo igualmente sólido, transparente y permanente?
La respuesta no puede medirse desde la ideología ni desde los discursos partidistas, sino desde la realidad que enfrentan quienes pierden su patrimonio cada vez que la naturaleza golpea.
Ejemplos podemos poner muchos a nivel nacional. Si no, pregunten en Acapulco o Veracruz.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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