Por Ernesto L. Quinteros
Frontera Sur: Migración, Seguridad y el Desafío de Contener el Crimen Importado
La frontera sur de México vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. No solamente por el intenso flujo migratorio que diariamente cruza por Chiapas, sino porque junto con la movilidad humana también han comenzado a instalarse nuevas formas de delincuencia organizada que hace algunos años eran prácticamente desconocidas en esta región.
El caso de las redes de préstamos ilegales conocidas como «Gota a Gota» es un claro ejemplo de cómo las organizaciones criminales aprovechan los vacíos institucionales, la necesidad económica de la población y la enorme movilidad de personas para extender sus operaciones hacia nuevos territorios.
Tapachula se ha convertido en una ciudad estratégica. Es la puerta de entrada a México para miles de personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, África y Asia. La inmensa mayoría llega buscando refugio, empleo o la oportunidad de construir una vida mejor. Esa realidad no debe perderse de vista, porque sería injusto y peligroso estigmatizar a toda la población migrante.
Sin embargo, también resulta ingenuo ignorar que dentro de esos enormes flujos migratorios existen individuos y grupos criminales que aprovechan el anonimato que ofrece una frontera con intensa movilidad poblacional para establecer estructuras delictivas.
No se trata únicamente de «Gota a Gota». Diversos países de América Latina han documentado cómo organizaciones dedicadas a la extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, robo, fraude digital y sicariato buscan expandirse aprovechando las rutas migratorias.
Ese es el verdadero desafío geopolítico que enfrenta México.
La frontera sur dejó de ser únicamente una zona de tránsito. Hoy representa un espacio donde convergen intereses económicos, comerciales, migratorios y también criminales.
Mientras miles de personas buscan regularizar su estancia, conseguir empleo o continuar hacia el norte, grupos delincuenciales identifican mercados vulnerables donde pueden operar con relativa facilidad.
Los pequeños comerciantes son quizá el eslabón más débil.
Quien necesita cinco o diez mil pesos para surtir su negocio difícilmente encontrará un crédito bancario inmediato. Ahí aparecen los prestamistas ilegales ofreciendo dinero sin requisitos, pero detrás del aparente apoyo comienza una cadena de amenazas, cobros diarios e intimidaciones que terminan destruyendo patrimonios completos.
La pobreza también se convierte en un factor de seguridad.
Cuando existen pocas oportunidades laborales, economías informales crecientes y una demanda constante de recursos, las organizaciones criminales encuentran terreno fértil para reclutar colaboradores, lavar dinero o ampliar sus redes.
Por ello, combatir únicamente a los cobradores resulta insuficiente.
El Estado necesita fortalecer la inteligencia financiera, la investigación patrimonial y la cooperación internacional para identificar quién financia estas estructuras, cómo ingresan al país, quiénes los protegen y hacia dónde fluye el dinero obtenido mediante la extorsión.
La seguridad pública no puede desligarse de la política migratoria ni del desarrollo económico.
Una frontera segura requiere instituciones fuertes, controles migratorios eficientes, intercambio de información con otros países, generación de empleo formal y programas sociales que reduzcan la vulnerabilidad de la población.
Cerrar los ojos ante la importación de nuevas modalidades delictivas sería un error. Pero también lo sería convertir a toda la migración en sinónimo de criminalidad.
El equilibrio consiste en mantener una política humanitaria para quienes buscan protección y oportunidades, pero con absoluta firmeza frente a quienes cruzan las fronteras para delinquir.
Las investigaciones contra las redes de «Gota a Gota» representan una señal positiva. Ahora el reto será impedir que estas organizaciones se reorganicen bajo otros nombres o con nuevos operadores.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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