Raúl Rodríguez Cortés
La investigación de la FGR que llevó a la captura de Ernesto Ruffo Appel contiene lo que se aprecia como una muy sólida evidencia del involucramiento del exgobernador panista de Baja California y fundador, entre otros, del nuevo partido Somos Mx, en la que se considera desde ya la más grande red de contrabando de combustible y evasión de impuestos detectada hasta el momento en el país.
Dos datos desmontan la exageración que algunos quisieran ver en tal aserto:
Entre enero y julio de 2025, esa red de huachicol fiscal habría realizado cuatro mil 238 operaciones ilegales de importación de hidrocarburos que generaron a la hacienda pública un daño estimado de cuatro mil 456 millones de Pesos.
Ese es el tamaño del perjuicio que se le imputa a RuffoAppel, cuya presunta participación en el ilícito ha alcanzado niveles de escándalo por su reputación de luchador por la democracia, que alcanzó al convertirse, en 1989, en el primer Gobernador de la oposición, tras el largo período de la hegemonía priista.
Pero la información que dio lugar a la imputación de RuffoAppel parece ser contundente. La investigación de la FGR empezó el 3 de julio de 2025 con el aseguramiento de treinta y tres ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila. Al cabo de casi un año se logró establecer que la red empezó a operar a través de la sociedad anónima Ingemar, empresa de servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por el exgobernador de Baja California y cuyos socios Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez fueron detenidos también el pasado jueves 16 de julio.
El actual accionista mayoritario José Merino Valdés Cuervo, así como los dueños y directivos de las otras siete empresas de transportistas que la integran, tienen órdenes de aprehensión, pero aún no han sido capturados.
Las empresas involucradas se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo producidos en refinerías ubicadas en Texas. Sin embargo, al momento de introducirlos a México declaraban cantidades menores a las reales (solo un diez por ciento del total en promedio) o productos diferentes a los que en efecto traían por estar sujetos a una menor carga de impuestos.
La evasión fiscal estimada por la FGR asciende a 88 millones 511 mil Pesos del Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) y de 18 millones 289 mil Pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), para totalizar un daño de 106 millones 800 mil Pesos.
De acuerdo con la investigación de la FGR, fueron aproximadamente 15 millones 300 mil litros de combustible los que se introdujeron sin ser declarados ni revisados en las aduanas de Camargo, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, y que se internaron al país en 160 carros tanque de ferrocarril de las empresas involucradas, se descargaron en vías de conexión llamadas «espuelas ferroviarias» y se vendieron principalmente en los Estados de Coahuila, Durango y Zacatecas.
Financieramente, la red de contrabando de combustibles dependía de recursos provenientes de la empresa de RuffoAppel, según descubrieron los peritos al detectar un comportamiento incongruente con su perfil fiscal al registrar ingresos por flujos superiores a 3,075 millones de Pesos en ochenta cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de 1,386 millones de Dólares, con un patrón de dispersión inmediata de los recursos y saldos finales mínimos característicos de las llamadas «cuentas puente».
Ese dinero se canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales, lo que también aporta indicios de triangulación de recursos en ese entramado de corrupción que acaba por financiar a los delincuentes que facilitan el huachicol fiscal en aduanas y otras instancias públicas y privadas.
Falta, por supuesto, que un juez sentencie la culpabilidad de RuffoAppel y convierta en verdad jurídica lo que hasta ahora son presunciones, aunque bastante bien fundamentadas, de la FGR.
Para el PAN, en vía de mientras, seguirá siendo una venganza o ataque político contra una de sus figuras históricas y emblemáticas en la «brega de eternidad» por la democracia de la que tanto presume, para desviar la atención o, por lo menos atenuarla, de las acusaciones contra los narcogobernadores de Sinaloa y Baja California, que tan devastadores efectos han traído a Morena y al gobierno de Sheinbaum.
Entre tanto y a través de un video, Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, denunció «trato indigno y humillante» a su padre.
También cuestionó una «condena política anticipada» e informó que lo mantienen incomunicado porque su familia no lo ha podido ver desde el jueves pasado, día de su detención.Sun
