Grúas en Tapachula: el Vehículo Vale Menos que el rescate; Urge Atención de Autoridades
Ernesto L. Quinteros
En Tapachula hay negocios que parecen tener una fórmula financiera bastante peculiar: usted compra una motocicleta con mucho esfuerzo y, cuando comete una infracción, descubre que recuperarla puede costarle más que la propia moto. Maravillas de la matemática vial.
Porque aquí la pregunta ya no es solamente cuánto cuesta infringir el reglamento, sino cuánto cuesta atreverse a recuperar el vehículo.
El abogado Guillermo González Cinco en una reciente entrevista con este medio de comunicación puso sobre la mesa una problemática que lleva tiempo generando inconformidad: los cobros excesivos de grúas y corralones, donde conceptos como banderazo, arrastre, maniobras, custodia y encierro pueden convertir una infracción en una verdadera condena económica.
Y los motociclistas también conocen bien esa historia.
Una moto de trabajo, de esas que utiliza un repartidor para llevar comida, mercancía o simplemente para trasladarse todos los días, puede tener un valor relativamente modesto. Pero basta con que termine en un corralón para que aparezca la magia: multa por aquí, arrastre por allá, días de depósito por acá y, cuando el propietario hace cuentas, resulta que la deuda ya está alcanzando el precio de la motocicleta.
Qué conveniente negocio: la moto pierde valor mientras el corralón gana.
Y si el ciudadano no tiene dinero para pagar, tampoco hay problema… para el corralón. La motocicleta permanece ahí, acumulando nuevos cargos. Es decir, mientras el propietario busca cómo conseguir dinero, el reloj sigue corriendo y la cuenta también.
Por supuesto que las infracciones deben sancionarse. Nadie está proponiendo que las leyes de tránsito sean decorativas. Pero una sanción debería servir para corregir una conducta, no para convertir una motocicleta de trabajo en una especie de pagaré con ruedas.
El problema se vuelve todavía más serio cuando hablamos de los automóviles. González Cinco ha señalado casos en los que ciudadanos han terminado pagando 35, 45 y hasta 50 mil pesos para recuperar sus vehículos.
¿Y quién decide cuánto vale el castigo? ¿La infracción? ¿La grúa? ¿El número de días? ¿El tamaño del corralón? ¿O simplemente la famosa regla de «porque se puede cobrar»? Ahí está precisamente el fondo del asunto.
El abogado también expuso el caso de Agrohumus 21, cuya camioneta modelo 2024 permanece desde el 19 de enero en un corralón relacionado con Grúas Gómez. Según su versión, la unidad habría sido levantada bajo el argumento de una orden de la Policía Municipal que posteriormente habría sido negada por funcionarios durante un juicio de amparo.
Si una autoridad dice que no ordenó el arrastre, pero una empresa mantiene el vehículo bajo resguardo durante meses, alguien debería tener la amabilidad institucional de explicar qué ocurrió. Eso aquí y en China es robo.
Porque en una sociedad donde existen reglamentos para todo, lo mínimo que puede pedir el ciudadano es saber quién ordenó qué, por qué, cuánto cuesta y con qué fundamento.
La Secretaría de Movilidad y Transporte, y las instancias encargadas de vigilar estos servicios tienen aquí una oportunidad de oro para demostrar que la regulación sirve para algo más que adornar expedientes. Y sin duda, este es un caso para que la Secretaría Anticorrupción, también tome cartas en el asunto. En fin.
Por hoy ahí la dejamos.
Nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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