* Esta iniciativa involucraría a escuelas públicas y privadas
Ciudad de México; 16 de Febrero de 2017.- Ante el pleno de San Lázaro, el Diputado federal por Chiapas, Enrique Zamora Morlet, propuso adicionar el artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, para garantizar el derecho a los estudiantes a elegir libremente su proceso de titulación, sin afectar su economía y premura por desempeñarse profesionalmente en el mundo laboral del país.
Durante su participación, el legislador chiapaneco mencionó que las instituciones de Educación Superior deberán contar con la aprobación por escrito del alumno para poder gestionar todos los trámites de titulación y expedición de cédula profesional. En caso contrario, estarán obligadas a entregar al alumno todos los documentos necesarios para llevar a cabo su registro, trámite de titulación y expedición de cédula profesional, por propio derecho ante la Secretaría de Educación Pública.
“La educación en nuestro país es un Derecho Fundamental, que todo hombre y toda mujer por su cualidad tienen inherente. La Constitución Política y la Ley General de Educación, salvaguardan jurídicamente este derecho de todos los mexicanos, sin discriminación alguna. En el artículo tercero Constitucional, el Estado Mexicano establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como la gratuidad y laicidad”, enfatizó.
Mencionó que la educación privada o particular es un conjunto heterogéneo de escuelas que han ejercido una influencia considerable, sobre todo en la formación de ciertos sectores sociales y que a diferencia de la educación pública, se produce en una institución educativa dirigida mediante la iniciativa privada costeado por la propia familia.
Añadió que la diferencia entre las escuelas públicas y privadas en cuanto el costo de la titulación es mucha, por lo que es muy clara la diferencia que existe entre los costos del trámite de titulación y expedición de cédula profesional que tienen las universidades públicas y privadas, cuestión que resulta preocupante, toda vez que, pareciera que algunas instituciones privadas pierden de vista que el derecho a la educación, es un derecho fundamental y una gran responsabilidad de quien lo ofrece, y no un negocio condicionado al pago a cambio de una contraprestación.
“Es necesario añadir que dichas instituciones particulares, tardan un aproximado de entre cuatro y diez meses para entregar todos los documentos debidamente certificados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras que las instituciones públicas, tardan alrededor dos meses para hacer entrega de los multicitados documentos. Esto trae como consecuencia que los egresados retrasen su inserción al mundo laboral”, agregó.
Por último, añadió que dicha Iniciativa va en pos de dotar de la capacidad a los alumnos egresados de las diferentes universidades de nuestro país, para que tengan el derecho de decidir el medio por el que prefiere realizar el multicitado trámite de titulación, sin menoscabo de las Universidades del sector Público y Privado, misma que se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por lo que solicitó a sus compañeros legisladores y Congresos locales del país a sumarse a esta iniciativa, en beneficio de los egresados de los planteles universitarios. Comunicado de Prensa
