*CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OSCAR GURRÍA PENAGOS. *AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO INICIARON CON LA REVISION DE CUENTAS A OBRAS PÚBLICAS Y TESORERIA. *TAMBIÉN INVESTIGAN USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DESTINADOS POR LA FEDERACION.
Tapachula, Chiapas; 04 de marzo. – Elementos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) arribaron sorpresivamente este miércoles al ayuntamiento de Tapachula e iniciaron de inmediato una verificación física y contable de las dependencias locales.
Las dos primeras áreas auditadas son las de Obras Públicas y la Tesorería, aunque se infirmó que se revisarán todas.
Casi al mismo tiempo, un despacho contable privado empezó con las mismas verificaciones, de tal manera que, al final, los resultados tendrán que coincidir y descartar la posibilidad de errores o cualquier omisión en los datos.
La auditoría que se realiza es del 01 de octubre del 2018 a la fecha, es decir, desde que inicio la actual administración municipal.
La revisión fue solicitada a los órganos fiscalizadores por la alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda, el mismo día que tomó protesta al cargo.
Incluso, también pidió lo mismo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que e auditen los recursos económicos y materiales federales que se ejercieron en ese periodo.
La intención no solamente es el de transparentar el uso y destino del erario, aino también atender uno de los reclamos más insistentes de la sociedad: El de la corrupción.
Y es que se cree que durante ese tiempo se cometieron diversas irregularidades que dejó en duda la honorabilidad de los actuales servidores públicos locales.
Se habla de que el contrato de renta de los camiones recolectores de basura se hizo de manera discrecional para favorecer a amigos o familiares de funcionarios, al igual que con la supuesta empresa que abastece de alimentos a los policías y a Protección Civil.
En ambas situaciones se teme que pudieran haber utilizado a prestanombres que ahora aparecerán en las auditorías y, de confirmarse, la Secretaría de Hacienda tendrá que fincar responsabilidades.
La atención de esos reclamos quedó pendiente por parte del fallecido ex alcalde, Oscar Gurría Penagos, y del resto de su gabinete, aún en funciones.
Otra gran deficiencia en el municipio es el tema de la Inseguridad y la fallida estrategia para combatirla. Se desconoce qué arreglos hubo para mantener en el cargo a Pedro Enock García Palazuelos, hasta ahora titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
El malestar fue generalizado durante este año y medio, vecinos de las colonias populares, del centro, de comunidades rurales y de todos lados, denunciaron, una y otra vez, que durante ese periodo los niveles delictivos se incrementaron alarmantemente.
Con la muerte de algunos policías municipales al enfrentarse con delincuentes, salió a la luz pública que los uniformados no contaban con equipo de protección y que, incluso, las balas las tenían que comprar ellos mismos.
Por eso la duda entre la sociedad sobre en dónde están los recursos que ha enviado oportunamente la federación para la adquisición de esos equipos, la prevención del delito y otras acciones en materia de seguridad.
Los señalamientos de nepotismo también quedaron de herencia. Activistas sociales señalaron públicamente que Gurría Penagos y su mujer, Laura García Arjona, tienen en nómina a varios de sus familiares y ahora los auditores podrán comprobar si era cierto o no.
El tema del combate al comercio informal también fue una faramalla. Inventaron un supuesto reglamento que prohíbe la instalación de los vendedores en el primer cuadro de la ciudad, pero les permiten que estén instalados, incluso a unos metros de la presidencia municipal.
La proliferación de cantinas y la ampliación de horarios sigue siendo un flagelo donde “nadie ve nada”. Ha habido balaceras y asesinatos en el interior de los antros de vicio, los cierran y días después vuelven a operar como por arte de magia.
Se dice que la ampliación de horarios deja jugosas ganancias en las que se teme que también pudieran estar involucrados funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria.
Fue una administración de reclamos desde el principio. A su llegada, Gurría aumentó las tarifas por consumo de agua potable a precios, para muchos, impagables.
Se recaudaron muchos millones de pesos más pero se desconoce hacia dónde se fueron, porque vino el desabasto del vital líquido en más de cien colonias, el pésimo servicio y, en donde la distribuían, era de mala calidad.
Siempre se ha dicho que ese organismo es la caja chica del alcalde en turno y una agencia de colocaciones para que personas cobraran sin trabajar, de los llamados “aviadores”.
Se comprobó que clonaron recibos y que aprovechaban espacios de esos documentos que simulaban ser facturas, para colocar publicidad de empresas, cobrar por esos servicios pero si reportar los ingresos.
La brutal agresión a cientos de indígenas de Pavencul y periodistas a manos de policías municipales en aquel 27 de enero, llamado popularmente “Lunes negro”, sigue impune y los responsables están libres.
Tampoco ha avanzado el juicio político que se había iniciado en contra de Gurría Penagos, en donde se presentaron pruebas de que funcionarios públicos, todavía en funciones cometieron infinidad de irregularidades.
De acuerdo a lo que dijo la alcaldesa en su toma de posesión, haría una restructuración total en su gabinete y que, de los resultados de las auditorías, dependerá si se procede penalmente en contra de quienes pudieran salir responsables de actos de corrupción u omisión.
Hasta el momento solo se han hecho dos nombramientos: El de Roberto Fuentes que asumió el cargo de Secretario de Gobierno y el de Gladiola Soto, como secretaria particular. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
