*- Ya se han Suscitado Accidentes Graves por Falta de Precaución, No hay Señalamientos y en la Noche no se Distingue la Pintura Reflejante.
*- Choferes del Transporte Público y Particulares Exigen Vigilancia y Medidas Preventivas
*- Con tal de Ahorrarse Dinero, Constructores Hacen Uso de Unidades que no son Aptas Para Transportar ese Material
*UNIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAL CIRCULAN CON SOBRECARGA, SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD, PONIENDO EN RIESGO A OTROS VEHÍCULOS Y PEATONES.
Tapachula, Chiapas 19 de Mayo del 2026.- La carretera Tapachula–Puerto Madero vuelve a colocarse en el centro de la preocupación social y económica del Soconusco. Lo que debería representar una vía estratégica para el desarrollo comercial, turístico y logístico de la región, hoy es vista por ciudadanos y transportistas como una ruta de alto riesgo marcada por la falta de vigilancia, infraestructura deficiente y una preocupante ausencia de regulación en el traslado de material pétreo utilizado en las obras de enrocamiento en la zona costera.
A ello se suma el incremento del flujo de vehículos pesados derivado de las obras que actualmente se desarrollan en Puerto Madero, donde diariamente circulan góndolas y plataformas cargadas con enormes piedras para la construcción de escolleras. Según explicó, muchas de estas unidades no son las adecuadas para este tipo de carga y operan con sobrepeso para compensar tarifas de flete demasiado bajas.
El problema no solo representa un riesgo para los operadores del transporte. También pone en peligro a cientos de familias que diariamente utilizan esta carretera. Olvera Cantera reveló que incluso ya se han registrado incidentes por caída de piedras y daños severos a vehículos particulares, aunque algunos casos no se hicieron públicos.
El trasfondo del conflicto también exhibe un impacto económico y social profundo. Transportistas locales denunciaron haber sido desplazados de una obra que, aseguran, debería generar empleo para el sector regional conforme a la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas. Acusan que empresas externas y sindicatos nacionales fueron contratados bajo esquemas de bajo costo que privilegian el ahorro económico sobre la seguridad y la legalidad.
Además, denunciaron posibles actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos y tarifas que actualmente se pagan hasta un 40% por debajo de lo originalmente presupuestado, situación que estaría provocando retrasos importantes en la ejecución de la obra.
Mientras tanto, ciudadanos continúan expuestos diariamente a una carretera saturada, sin controles estrictos de peso y dimensiones, y con escasa supervisión de las autoridades federales y estatales.
La exigencia de los sectores productivos es clara: mayor regulación, aplicación de la ley, infraestructura moderna y prioridad para la mano de obra local antes de que ocurra una tragedia mayor en una de las rutas más importantes del sur de Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.
