Tuxtla Gutiérrez, Chis., 2 de febrero.- El Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Migración, con la que se pretende imponer penas de 10 a 30 años inconmutables de prisión y multas de 100 a 200 mil quetzales (268 mil a 536 mil pesos), pero los años de cárcel contra los polleros puede ser aumentada en dos terceras partes, cuando el migrante sea un niño o adolescente, mujer embarazada o el traficante de humanos sea funcionario, empleado público o abogado.
La iniciativa que envió al Congreso el pasado 14 de enero el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei contempla también incrementar las penas a dos terceras partes, en el momento que la víctima esté en peligro su vida, sufra física o mentalmente, reciban tratos crueles, inhumanos o degradantes, fallezca o sea secuestrado en el extranjero.
La iniciativa de Ley fue aprobada la víspera con el voto de 87 de los 160 diputados del Congreso de Guatemala, con el fin de endurecer las penas de cárcel contra las bandas de traficantes de personas que buscan recorrer el territorio mexicano para conseguir entrar a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos informó que durante el 2021, fueron detenidos dos millones de migrantes de Centroamérica, Venezuela, Haití, Cuba y otros países, pero de esa cantidad unos 300 mil serían guatemaltecos, que es el promedio de migrantes que todos los años dejan sus comunidades para buscar trabajo en los Estados Unidos.
La iniciativa de Ley fue enviada por el presidente Giammattei a raíz del accidente del tráiler donde fallecieron 56 migrantes y 105 más resultaron heridos, cuando la unidad circulaba entre los municipios de Chiapa y Tuxtla.
Pero el 7 de marzo del 2019, 25 migrantes perdieron la vida y 29 más resultaron heridos, cuando viajaban en un camión tipo torton de caja seca, en la carretera estatal número 102 que va de Soyaló a Chicoasén, a la altura de la comunidad Francisco Sarabia, a unos 65 kilómetros de Tuxtla, accidente por el que nadie ha sido detenidos o procesado.
Con la Ley de Migración, los polleros o coyotes ahora pueden recibir condenas de hasta 30 años de prisión, ya que antes solo recibían penas de seis a ocho años, en el país centroamericano.
Cientos de guatemaltecos salen todos los días de sus comunidades, porque aseguran que ahí «no hay futuro» ni para ellos, ni para sus hijos, aunque en su mayoría son jóvenes hombres y mujeres los que emigran en busca de empleo en los Estados Unidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer en un comunicado que apoya «los esfuerzos» del presidente Giammattei, «para promover una migración regular y propiciar la inversión y el desarrollo de nuestro país con el objetivo de que nuestros connacionales construyan su futuro en su tierra junto a sus seres queridos y no caigan en los engaños de las redes de tráfico de personas que ponen en riesgo sus vidas y sus patrimonios».
El pasado 31 de enero, la Policía Nacional Civil emprendió un operativo en contra de la banda de polleros que está atrás de la masacre de Camargo, Tamaulipas, donde murieron calcinados 19 migrantes originarios del municipio de Comitancillo (San Marcos) y otras aldeas de ese departamento.
Pero ese día, cinco integrantes de la red conocida como Los Coronado, se dieron a la fuga, al momento del operativo que realizaron investigadores de la sección Contra el Tráfico Ilícito de Personas y del Departamento Contra la Delincuencia Organizada, que permitió la detención de nueve hombres y una mujer.
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Uno de los fugados es el exalcalde de Comitancillo, Ramiro Coronado Pérez, que huyó horas después que se emprendió el operativo.
Están prófugos de la justicia: Maricela Coronado Marroquín, Rudy Amílcar Ramírez Aguilón, José Francisco Jiménez Gómez y Walter Iván Jiménez Miranda, éste que ya había sido detenido en julio del 2021, con 128 mil quetzales (324 mil pesos) en su vehículo.
Durante el operativo que se llevó a cabo el viernes 31 de enero, fueron decomisados un millón de quetzales (dos millones 680 mil pesos) y armas de fuego.
Además de los diez detenidos de la red de polleros conocida como Los Coronado, fueron arrestados tres abogados: Vladimir Alexander Miranda Salvador, Armando Wilfredo Guzmán Coronado y Egom Salvador y Salvador.
Los Coronado cobraban entre 95 mil a 120 mil quetzales (257 mil a 325 mil pesos mexicanos), para trasladar a migrantes desde sus comunidades a los Estados Unidos.
El Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad de una jueza guatemalteca por supuestamente estar implicada en la estructura criminal de Los Coronado. Sun
Aprueban Penas de 10 a 30 Años de Prisión a «Polleros» en Guatemala
