Tapachula, Chiapas; 19 de Junio del 2026.- La exigencia de presentar actas de nacimiento apostilladas para registrar a hijos de padres extranjeros nacidos en territorio chiapaneco, está generando preocupación entre organizaciones civiles que trabajan con población migrante, al considerar que esta medida representa un retroceso en el acceso al derecho fundamental de la identidad.
Así lo dio a conocer Elsa Simón Ortega, fundadora de la Organización Civil por la Superación de la Mujer, quien recientemente sostuvo una reunión con la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, para exponer las problemáticas que actualmente enfrentan las familias migrantes establecidas en la región.
La activista recordó que durante la administración estatal de Juan Sabines se impulsaron modificaciones legales que permitieron garantizar el registro de niñas y niños nacidos en Chiapas, independientemente de la situación migratoria de sus padres. Gracias a ello, miles de menores pudieron obtener un acta de nacimiento y acceder a derechos básicos como salud, educación y protección jurídica.
Sin embargo, señaló que desde el año pasado la exigencia de presentar documentos apostillados de los países de origen de los padres ha complicado significativamente el trámite. Para muchas familias migrantes, obtener estos documentos implica elevados costos económicos y, en algunos casos, la necesidad de regresar a sus países, algo prácticamente imposible debido a su situación migratoria o condiciones de vulnerabilidad.
La falta de identidad coloca a los menores en una situación de exclusión social, ya que sin un acta de nacimiento enfrentan obstáculos para acceder a servicios médicos, programas educativos y diversos apoyos institucionales, señaló.
Además del impacto social, la problemática tiene implicaciones económicas para las familias, que deben destinar recursos limitados a trámites documentales, afectando su capacidad para cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud.
La defensora de los derechos humanos destacó que la región fronteriza vive actualmente una dinámica migratoria sin precedentes, con familias provenientes de países como Haití, Cuba, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala e incluso naciones africanas, cuyos hijos nacen en territorio mexicano y requieren protección legal inmediata.
Ante este panorama, confió en que las gestiones anunciadas por la Secretaría de la Frontera Sur permitan revisar los requisitos actuales y facilitar nuevamente el acceso al registro civil, evitando que cientos de niñas y niños queden invisibles ante las instituciones.
“La identidad no es un privilegio, es un derecho”, subrayó, al reiterar que negar o dificultar el registro de nacimiento también constituye una forma de violencia que limita el desarrollo presente y futuro de la niñez en la frontera sur de México. EL ORBE/ JC






