Tapachula, Chiapas; 26 de Junio del 2026.- El activista Luis García Villagrán denunció una presunta falta de atención, burocracia y actos de corrupción por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur de México, al asegurar que miles de personas permanecen varadas en Tapachula sin que se resuelvan sus trámites migratorios.
Durante una conferencia de prensa, informó que envió un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, en el que expone diversos casos que, afirmó, reflejan las deficiencias del sistema de atención a personas migrantes.
Entre ellos mencionó el de un niño venezolano de siete años con labio leporino, quien, junto con su padre, busca atención médica especializada tras haber resultado afectado por la difícil situación que se vive en Venezuela. Señaló que, pese a la urgencia médica, las autoridades le indicaron que debe esperar la resolución de su trámite de refugio.
Asimismo, aseguró que integrantes del pueblo indígena miskito, originarios de Nicaragua, no están siendo atendidos por las autoridades migratorias, pese a que huyeron de situaciones de violencia y desplazamiento.
Villagrán responsabilizó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al Instituto Nacional de Migración (INM) por mantener, según sus cifras, a miles de personas en espera durante meses e incluso años, situación que, afirmó, favorece actos de corrupción y obliga a muchos solicitantes a recurrir a abogados particulares para agilizar sus procesos.
El activista también criticó que Tapachula continúe funcionando como un punto de contención migratoria, lo que –dijo- genera presión sobre los servicios públicos, y afecta tanto a la población local como a las personas migrantes.
Respecto al reciente terremoto registrado en Venezuela, advirtió que podría provocar un incremento en los flujos migratorios hacia la frontera sur de México, por lo que consideró urgente que el Gobierno Federal implemente medidas para evitar que la ciudad enfrente una nueva crisis humanitaria.
Finalmente, cuestionó la estrategia de permitir que las caravanas avancen hasta otros municipios para entregar documentos migratorios, al considerar que ello obliga a familias, mujeres y menores de edad a recorrer largas distancias en condiciones adversas.
También lanzó críticas contra corporaciones de seguridad estatales, a las que acusó de actuar de manera represiva contra la población migrante.
Las autoridades federales no habían emitido una postura pública sobre estos señalamientos al momento de esta publicación. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros






